Por lo menos, un gesto de disculpa

A medida que los efectos prácticos de la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal se van revelando en toda su crudeza, con casos sangrantes como la rebaja de condena a un violador en serie irrecuperable o al autor de la violación continuada de una niña, hija de su pareja, desde que tenía nueve años y hasta los 12, se alzan cada vez más voces en el entorno del PSOE que reclaman una rectificación del error y una nueva redacción, esta vez, desde la técnica legislativa solvente, de la Ley del «sí es sí», artefacto ideológico aprobado sin rigor ni cautelas y despreciando por parte de sus impulsores todas las advertencias leales de quienes, como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial, tienen el deber de proteger el bien jurídico.

La última de las voces ha sido la del ex presidente del Gobierno Felipe González –que empleó un símil que sólo cabe entender de su larga experiencia personal y política– y de la que esperamos que los hooligans de la ministra de Igualdad, Irene Montero, no acaben de tildando de fascista. Conoce de sobra el Ejecutivo, o debe conocerlo, que el mal causado tiene muy difícil reparación ante el mandato constitucional de la irretroactividad de las leyes y condición general del Derecho de aplicar la norma que más beneficie al reo.

Es decir, una corrección de la ley, necesaria desde cualquier punto de vista, no impedirá que a los 279 delincuentes sexuales beneficiados hasta ahora se sumen otros muchos, pero, al menos, tipificará convenientemente esas conductas indeseables. Se nos dirá que tanto desde la Fiscalía General como a través una enmienda transitoria se han proporcionado a los tribunales instrumentos y criterios legales con los que paliar, al menos, el fiasco, pero lo cierto es que las sucesivas resoluciones del Tribunal Supremo no dejan mucho campo a las interpretaciones.

Por supuesto, la responsabilidad del engendro no se puede atribuir exclusivamente a la ministra Montero ni al sector comunista del Gobierno, puesto que el Consejo de Ministros es solidario con las leyes que propone al Parlamento y, además, los diputados socialistas votaron como un solo hombre la reforma. Ciertamente, la contumacia en el error de Unidas Podemos, sus desplantes hacia el Poder Judicial y esos reflejos políticos tan caros a la izquierda de responder atacando conciernen principalmente a la formación morada, pero los perjuicios en materia de opinión pública también tocan de lleno al PSOE. Con todo, lo más grave es que en lugar de reconocer el yerro, de tener un gesto disculpa con las víctimas y la sociedad en general, se ha tratado de silenciar el problema provocando un escándalo artificial con los protocolos pro vida de la Junta de Castilla y León, sin el menor efecto práctico entre unos ciudadanos que sí saben perfectamente lo que ocurre,