Eleuteria
Alquiler de temporada
El objetivo de los grupos políticos de izquierda es reconvertir casi todos los alquileres de temporada en alquileres residenciales
Aunque Pedro Sánchez consiguió amarrar la investidura, no ha logrado garantizarse desde entonces la gobernabilidad. Lo hemos visto en numerosas ocasiones y seguramente lo sigamos viendo en el futuro: la última, este pasado martes con la derrota parlamentaria de la izquierda en su intento de admitir a trámite su reforma legislativa del alquiler de temporada. PP, Vox y Junts per Catalunya unieron sus votos y rechazaron esta transformación jurídica promovida por el Sindicato de Inquilinas que habría supuesto el fin del alquiler de temporada en España.
Porque sí, la aprobación de esta ley habría laminado el sector del alquiler de temporada dentro de nuestro país. Recordemos que PSOE, Sumar, Esquerra y Bildu ya se han cargado el mercado del alquiler residencial a través de la aprobación de su Ley de la Vivienda: una norma que nos dijeron que iba a volver el arrendamiento de vivienda más asequible pero que ha logrado todo lo opuesto.
Pues bien, después de cargarse esta parte central del mercado del alquiler, ahora van a por una porción del mismo menos numerosa pero también muy relevante: el alquiler de temporada, esto es, el arrendamiento de vivienda no para constituir una unidad familiar sino para hacer frente a una necesidad ocasional, como la de estudiantes o profesores durante el curso escolar o los desplazamientos laborales temporales. El alquiler de temporada quedaba fuera de la regulación de la Ley de Vivienda y, por eso, su oferta no ha sido golpeada tan duramente como la del alquiler residencial: pero justamente el objetivo de los grupos políticos de izquierda es reconvertir casi todos los alquileres de temporada en alquileres residenciales.
Concretamente, todo contrato de alquiler que dure más de seis meses o cuyo arrendador sea incapaz de demostrar la causa justificativa de la temporalidad será considerado alquiler residencial, de manera que los inquilinos podrán extender la duración del contrato hasta un mínimo de 5 o 6 años, no podrán experimentar subidas por encima del IPC en sus rentas de alquiler durante ese periodo o gozarán de una hiperprotrección contra el desahucio en caso de impago.
Vamos, que el contrato de alquiler de temporada se volatilizaría en la práctica totalidad de casos y la oferta de vivienda en alquiler se reduciría todavía más. Por suerte, Junts decidió a última hora votar en contra: sea por convicción o por meterle el dedo en el ojo a Sánchez, bien está.
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