La deuda de las autonomías pone en peligro la financiación nacional

Este pasado jueves, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, acudió al Senado –aunque una vez soltado su discurso «mitin», se marchó sin escuchar a los representantes de ninguna otra Comunidad– que se reunía por la activación de la Comisión General de Comunidades Autónomas, convocada para debatir sobre la amnistía que prepara el Gobierno para los implicados en el golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña –del que sería el principal beneficiado, el prófugo Carles Puigdemont–, pero también para definir una postura de rechazo ante lo que se plantea como el establecimiento de unos privilegios que supondría que se creasen unas Comunidades de primera y otras de segunda. Así, en el debate del precio a pagar por Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, está el perdonar la deuda que tiene acumulada la comunidad de Cataluña, lo que supondría que serían el resto de los ciudadanos de las otras autonomías los que tendrían que asumirla, creando un claro privilegio para esa comunidad.

Pero las cuentas para este dispendio no cuadran. Según datos de la OCDE, desde la gran crisis financiera de 2011, España es el país miembro en donde mayor crecimiento ha tenido la deuda regional, ocupando en estos momentos el segundo puesto, tras Canadá. Superando con creces a los restantes 36 países que integran la organización.

El fuerte endeudamiento de las regiones españolas hace prohibitivo continuar con el actual modelo de endeudamiento y déficit sin control, especialmente porque las autonomías deberán buscar colocar su emisión de deudas en mercados financieros distintos a los actuales, en donde se les exigirá unos elevadísimos intereses, ya que el Banco Central Europeo (BCE) cierra el grifo a la compra de deuda, al tiempo que desde el 1 de enero de 2024 se impondrá la disciplina fiscal y la contención de déficits públicos.

La deuda de las Comunidades Autónomas suponía en 2021 el 24,2 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), pero principalmente debido al descontrol presupuestario de 5 regiones, tres gobernadas entonces por el PSOE, una por ERC y la restante por el Partido Popular.

A la cabeza se haya la Comunidad Valenciana cuya deuda supone prácticamente el 45 por ciento de su PIB, seguida de Cataluña, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, que se acercan al 35 por ciento. Le sigue las Islas Baleares con una deuda que roza el 30 por ciento. Estas cinco autonomías representan el 37 por ciento de la población de España y, sin embargo, reciben el 72 por ciento de los recursos de los mecanismos extraordinarios de financiación.

Obviamente, el futuro de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, que únicamente suman el 27 por ciento de la población y que absorben el 57 por ciento de los recursos, debe pasar por una importante reducción de su infraestructura autonómica, no descartando devolución de competencias al gobierno central, un severo recorte de sus prestaciones y gastos y, paralelamente, un fuerte incremento de la presión fiscal sobre las familias y empresas en sus regiones, que obviamente reduciría el atractivo de seguir residiendo en estas autonomías y migrar a otras más eficientes y bien comunicadas con ellas: La Comunidad de Madrid, por ejemplo.

En el extremo opuesto del endeudamiento se hayan las Comunidades Autónomas de Madrid, Canarias, Navarra y País Vasco, en donde el déficit público está por debajo del 15 por ciento y próximo al 10 por ciento.

Antes de cerrar el ejercicio fiscal 2022, el 57,8 por ciento la deuda de las Comunidades Autónomas estaba ya en manos del Ministerio de Hacienda. Siendo Cataluña y la Comunidad Valenciana las que conjuntamente son las responsables del 44 por ciento del incremento de la deuda en los últimos quince años. Obviamente ambas clave en los planes de Moncloa previos al desastre electoral socialista de mayo de 2023.

La clasificación crediticia de las Comunidades Autónomas españolas por parte de agencias internacionales de calificación (Moody’s, Estandar & Poor’s o Fitch), no refleja su situación real individual de cada una de ellas, ya que está condicionada por la seguridad de la intervención del Estado en caso de «default».