La imposible "plurinacionalidad"

Lo primero que habría que exigir a alguien que aspira a presidir el Gobierno de España –y está ejerciendo como presidente en funciones– es claridad. Más aún cuando se trata de un asunto de especial importancia, como es la estructura territorial del Estado. Pedro Sánchez no lo entiende así y, por lo que estamos viendo, no tiene claro que modelo quiere. O algo peor: lo modifica en función de sus intereses electorales, dependiendo del auditorio al que se dirige. En un primer borrador del programa socialista, no había referencia al modelo «plurinacional» que proponía en las elecciones de abril de 2019. Habían desaparecido las dos referencias que sostienen la política del PSOE en esta materia: las declaraciones de Granada (2013) y la de Barcelona (2017). El objetivo de esta última era «realizar una oferta política para que, en beneficio de todos los catalanes y catalanas, el choque de trenes del próximo 1 de octubre no se produzca». Como es sabido, el choque se produjo de manera más virulenta de lo previsto cumpliendo la hoja de ruta independentista, lo que obligó a la aplicación del 155 con el necesario apoyo del PSOE. Hay, por lo tanto, una cierta lógica en que dicha declaración desapareciera del programa y también la tiene que el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, exigiese su reposición en el programa definitivo, a lo que el presidente del Gobierno accedió de inmediato. Después de todo, a estas alturas, el sentido de ser del PSC es velar por el carácter plurinacional de España, no por el bienestar y libertad de los catalanes. Si Sánchez leyese en un mitin los puntos fundamentales de la reforma federal de la Constitución que propone su partido para resolver el problema abierto por el nacionalismo catalán, muchos de sus votantes se quedarían perplejos o directamente le retirarían el apoyo. La reforma constitucional que propone la Declaración de Barcelona se basa en este principio, entre otros: «Gran parte de la insatisfacción existente en Catalunya se deriva de la falta de reconocimiento de elementos simbólicos referidos a su identidad nacional y a su historia». No es ironía recordar la política de inmersión lingüística aplicada implacablemente por la Generalitat. A continuación, propone una Ley Orgánica «de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España» para complacer a los que reiteradamente han incumplido sentencias de los tribunales y del propio Constitucional en dicha materia. Crear un consenso para una reforma constitucional –por cierto, PSOE y PSC quisieron iniciarla sin contar con el PP– en el sentido propuesto por los socialistas es imposible, ya que se basa en avances («unas nuevas reglas para el reparto competencial que mejoren el autogobierno de la Generalitat) que los dirigentes independentistas son incapaces de gestionar con lealtad. Hablar de «el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña» va en contra de lo esencial de la Constitución del 78, pues la elección de «nacionalidades» se fundamentaba en el carácter cultural de estas comunidades, lo que obligaba a la renuncia de una concreción política en la forma de Estado soberano, que es precisamente a lo que aspiran. Si con mucho menos el independentismo planteó un desafío mayúsculo y el Parlament aprobó en enero de 2013 una declaración de soberanía –anulada por el TC–, qué nuevos retos no se plantearían. El definitiva, la actual Constitución rechaza que el Estado español sea el resultado de un pacto entre naciones preexistentes. Sánchez debe aclararse y definir con precisión cuáles son sus planes de reforma constitucional, si es que los tiene. ¿Insiste todavía en incluir el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado en el artículo 2 de la Constitución? Mientras no despeje esta incógnita, sólo podrá decirse que Sánchez está actuando bajo un electoralismo muy peligroso. Nos tememos que su plan de reforma federal escrito en la Declaración de Barcelona no lo leerá en los mítines.