Lucha contra la corrupción

El último barómetro del CIS, publicado días atrás, reflejaba que la preocupación de los españoles ante la corrupción y el fraude, lejos de ser pasajera o coyuntural, va en aumento. De hecho, ocupan el quinto lugar en la lista de los diez principales problemas del país. La percepción de los ciudadanos es que las corruptelas y las prácticas fraudulentas, aparte de ser moneda corriente, no son perseguidas con eficacia, hasta el punto de que a los causantes les sale más barato delinquir que cumplir con sus obligaciones. Si a ello le unimos que, en no pocos casos, se entrecruzan variantes políticas o intereses de partido, es perfectamente comprensible que la preocupación ciudadana vaya en aumento. Según publicamos hoy, sólo en la jurisdicción de la Audiencia Nacional se acumulan 17 casos de corrupción y fraude de grandes proporciones, desde el de la SGAE hasta el más reciente relativo a las mafias chinas, desde el Gürtel y Afinsa hasta el Marsans. El total de imputados supera los cuatrocientos. Sin embargo, sólo ocho de ellos han ingresado en prisión, siete relacionados con las empresas de Díaz Ferrán y uno con la red china que dirigía Gao Ping. Todos los demás están en libertad, la mayoría bajo fianza. No hay por qué dudar de que los jueces han actuado de manera pertinente y con escrupuloso respeto a la Ley, aunque en casos como el de la mafia china se haya producido un clamoroso error judicial, cuya investigación y depuración no debería dilatarse. Por lo demás, la impecable actuación de los jueces no oculta las numerosas lagunas, tanto normativas como de procedimiento, que presenta la lucha contra la corrupción y el fraude. Es verdad que el Gobierno de Rajoy está llevando a cabo una intensa campaña contra el fraude fiscal, como lo prueba que haya recaudado, a través de distintas vías, más de 10.000 millones de euros. Además, el anuncio de que se harán públicos los nombres de los defraudadores y morosos contribuirá de forma ejemplarizante a esa lucha. Pero no es suficiente. Es necesario desmentir la creencia generalizada sobre la impunidad de la delincuencia de guante blanco y que robar una cartera está mucho más penado que vaciar una caja de ahorros, evadir miles de millones de euros o saquear fondos públicos. El combate contra el fraude y la corrupción exige también un mayor rigor punitivo y más severidad legal. Siendo esto necesario en todo tiempo y lugar, lo es más en las especiales circunstancias socioeconómicas que padece España. El ciudadano no entiende que se aplique todo el peso de la Ley sobre las frágiles espaldas de quienes no pueden pagar sus hipotecas y que, sin embargo, los causantes dolosos de la ruina de miles de familias circulen libremente y con la certeza de que apenas sí pagarán por sus delitos. Hace bien el Gobierno en adoptar nuevas medidas, pero aún le quedan pasos importantes que dar.