Sánchez no podrá esconderse siempre

Es la misma aritmética parlamentaria que en el Congreso de los Diputados permitió al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ganar legítimamente la moción de censura contra Mariano Rajoy la que se vuelve adversa al Ejecutivo socialista en el Senado. Sin embargo, la reacción de los portavoces parlamentarios de todo el arco de la izquierda, con especial insistencia desde Podemos, ante este hecho, puramente democrático, no ha podido ser más lamentable, puesto que, con argumentos ciertamente peregrinos, vienen deslegitimando las actuaciones de la Cámara alta, incluso, tratando de eludir las atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes. Se puede comprender la grave inconveniencia que supone para el actual Gobierno que el Partido Popular consiguiera en el Senado la mayoría absoluta que no obtuvo en el Congreso, pese a haber superado ampliamente al PSOE en las últimas elecciones generales, pero no se puede admitir en caso alguno expresiones como las empleadas por los distintos voceros gubernamentales, que han salido en tromba, para justificar la negativa de su presidente a atender la llamada del Senado. Nadie «arrastra de la oreja» o «tira de la solapa» a ningún representante público ni pervierte la institución ni rompe las reglas del juego cuando se le reclaman explicaciones ante una de las sedes donde reposa la soberanía nacional. Podrán argüir los socialistas que el reglamento de la Cámara alta no especifica la obligatoriedad de la comparecencia de Pedro Sánchez, aunque sí establezca la Carta Magna, en su artículo 110, que «las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno», pero esas reglas del juego son las de las mayorías democráticas y no suponen el «arrastre» de nadie, so pena de que las diversas comisiones de investigación que se han convocado contra los populares reciban el mismo tipo de calificativos. Además, el fondo de la cuestión que se plantea, la demanda de explicaciones en sede parlamentaria sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno, no es baladí ni puede despacharse con una acusación genérica de partidismo. Sobre el conjunto de la opinión pública española se han vertido graves acusaciones contra la honorabilidad académica del jefe del Ejecutivo, que, también, afectan al prestigio de una Universidad española, la Camilo José Cela, y a los estudiantes que han cursado en ella sus carreras. Se ha denunciado, incluso, la colusión de intereses entre el doctorando y el tribunal calificador, que es una de las irregularidades más graves que pueden existir en la concesión del grado, que, no lo olvidemos, habilita a su poseedor a ejercer profesionalmente en el campo de la enseñanza. Hasta ahora, las respuestas del Gobierno han sido, cuando menos, cuestionadas por los mismos diseñadores de los programas informáticos antiplagio utilizados por la Moncloa, y los anuncios de querellas criminales contra los medios de comunicación que difundieron las acusaciones han quedado en nada. La propia trascendencia del asunto queda reflejada en el eclipse público de 64 días en que se ha sumido Pedro Sánchez, tratando de evitar las preguntas incómodas de los periodistas. No es, pues, una cuestión menor, sobre todo, cuando afecta a un político que puso muy alto el listón de la ética para los adversarios, pero que aparenta una doble vara de medir cuando se trata de los problemas propios. Pedro Sánchez no podrá esconderse siempre –el PP y Ciudadanos anuncian sendas comisiones de investigación– y, sin que queramos prejuzgar nada, tendrá que explicarse ante los representantes de la soberanía nacional. Porque, como señaló él mismo, en Alemania, los dirigentes políticos dimiten cuando se prueban este tipo de acusaciones.