Los españoles suspenden la calidad de nuestro estado de derecho

En el último estudio de Hábitos Democráticos, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el pasado mes de diciembre, el 52% de la población calificaba de mala o muy mala la situación política de la nación.

Tan solo un 16,6% de los ciudadanos preguntados por el instituto que preside José Félix Tezanos la consideraba buena o muy buena.

En este mismo sondeo los españoles calificaban a nuestra democracia con una nota muy baja: 4,99 puntos sobre los 10 posibles, cuando hace diez años tenía una nota de 6,11 puntos. El retroceso es notorio y percibido en toda su dramática magnitud por la mayoría social de la nación con resultados incontestables para cualquier analista con un mínimo de objetividad.

España ocupa el último lugar en calidad democrática entre las 24 naciones con regímenes democráticos del planeta.

Así lo certifica el estudio DEMOCRACY INDEX 2023. que anualmente realiza la publicación The Economist, y que se ha convertido de facto en un referente mundial al respecto.

La verdad es que, con los resultados en la mano y en virtud de una secuencia decadente, estamos al borde de abandonar la liga de las democracias plenas para adentrarnos en el proceloso mundo de las pseudodemocracias y quebrar el Estado de Derecho y la división de poderes.

En 2022 se nos ubicaba en el puesto 23. En 2023 ya estamos en situación de «descenso», sin síntomas de que la tendencia se pueda invertir bajo el gobierno de la izquierda actual, sino más bien al contrario.

Desde la salida de Rajoy del gobierno, España ha experimentado una caída en su índice de calidad democrática. En 2019 se nos ubicó en el puesto 16, un año después ya nos habían desplazado al lugar 22 y este año pasado nos colocan al final de la lista en esa casilla número 24.

Solo 24 países del mundo se pueden catalogar a fecha de hoy como democracias plenas, frente a 143 que no alcanzan esa calidad institucional. De ellos 50 son consideradas democracias defectuosas, otros 59 son clasificados como regímenes autoritarios y 34 como híbridos, entre ambas posiciones.

De momento, España está incluida en la lista de las 24 democracias plenas de los 167 países estudiados. Los ciudadanos de estas democracias plenas representamos tan solo el 7,8% de la población del planeta. Por lo que realmente somos una rara avis que disfruta de un escenario de privilegio que haríamos mal en considerar como vitalicio y sin posibilidad de involucionar marcha atrás.

Este 2024 la democracia española estará en el punto de mira de la comunidad democrática mundial por las injerencias en la independencia judicial y el nombramiento de los nuevos jueces del Consejo General del Poder Judicial.

Desde la llegada al poder en 2018 de la nueva Administración empezó a hablarse de la «desjudicialización» de la política. Es decir, el propósito final pasaba por retorcer las leyes para adaptarlas a las necesidades del ejecutivo, motu proprio o por exigencias de sus socios.

La Justicia es garante por mandato constitucional de impedir que el gobierno de turno rompa el equilibrio de los tres poderes. Si la Justicia se supeditara a los designios del ejecutivo saltaría el Estado de Derecho y pasaríamos a engrosar la lista de las democracias defectuosas, primer paso para encaminarnos a un régimen autoritario.

Por eso toma cada vez más importancia que el ejecutivo, así como los políticos en general, estén subordinados a las leyes y al control judicial. Cualquier comportamiento ilegal no puede quedar impune y la Justicia debe actuar sin presiones.

Se trata de preservar a toda costa un pilar crítico del sistema de libertades como es que todos los ciudadanos, por poderosos que sean, somos iguales ante la Ley.