El Fiscal General y el informe sobre Tsunami

Estoy totalmente de acuerdo con el Fiscal General del Estado cuando pide que la teniente fiscal, María de los Ángeles Sánchez Conde, pueda elaborar «en paz» el informe sobre Tsunami. No tenemos que prejuzgar lo que hará y lo razonable es esperar a leerlo una vez lo concluya. Otra cosa es que en ese momento lo podremos criticar o aceptar. La verdad es que no lo tiene fácil, porque la realidad objetiva es que una mayoría abrumadora de los integrantes de la Junta de Fiscales del Supremo ve indicios de terrorismo en Tsunami y once de los quince respaldaron que se investigue a Puigdemont. Por tanto, Sánchez Conde afronta el reto más importante de su carrera porque si se suma a la posición de los fiscales de sala, cuya brillante trayectoria y solidez jurídica es incuestionable, se considerará algo normal. En cambio, hacerlo en sentido contrario necesitará de una solidez argumental apabullante. No es algo que se pueda resolver haciendo una simple faena de aliño, porque pedir que se impida investigar lo que el magistrado instructor considera indicios de terrorismo le acompañará el resto de su carrera profesional.

La discrepancia entre dos fiscales jefe ha provocado que la teniente fiscal del Supremo tenga que decidir la posición de la Fiscalía en una decisión sin precedentes. Es muy importante preservar la imagen y la independencia de la institución, porque no puede existir ningún atisbo de politización. Es lo que tendría que suceder con el Poder Judicial en su conjunto, del que forma parte la Fiscalía, tal como establece la Constitución. Lo que estamos viviendo desde hace un tiempo, tanto con el abuso de los decretos leyes o la chapucera tramitación de la proposición de ley de amnistía, por poner algunos ejemplos, lanza un mensaje desolador a la sociedad. Lo mismo se puede decir sobre el grave desconocimiento que muestran algunos miembros del Gobierno sobre el papel de las leyes, del Congreso o sobre la soberanía nacional. La mayor responsabilidad que tiene el Fiscal General es garantizar la independencia de la institución que dirige e impedir que sea manoseada por la política. Por tanto, espero con gran interés el informe de Sánchez Conde.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).