Es el Gobierno el que alimenta la antipolítica

Era de esperar que desde La Moncloa se tratará de conformar un «relato» que, a modo de conclusiones, explicara la victoria de Pedro Sánchez sobre el proceso inquisitorial, circo, si se prefiere la expresión sanchista, organizado por el Partido Popular en el Senado. De ahí que se haya rescatado el viejo término «antipolítica» para retratar, siempre desde la preocupación por la buena salud de las instituciones democráticas, la acción de una oposición parlamentaria que nunca habría reconocido la legitimidad de la elección del presidente del Gobierno, respaldado por una mayoría parlamentaria «de progreso». No es cuestión de entrar en disquisiciones de filosofía política sobre si el incumplimiento del contrato electoral adquirido por un candidato puede suponer o no causa objetiva de deslegitimación, al menos, de ejercicio, en referencia, por supuesto, a las seguridades que ofreció el postulante socialista de que no habría medidas de gracia para los condenados por el procés y de que no pactaría con los herederos de la banda etarra, entre otras promesas, porque nadie pone en duda la aritmética parlamentaria ni discute la realidad de que no hay una mayoría alternativa para un cambio de signo gubernamental. Pero esta aceptación de los hechos no supone que se haya de guardar silencio ante una forma de ejercer el poder ejecutivo que sí es alimento de la «antipolítica», por cuanto antepone a la permanencia en el cargo de Sánchez cualquier tipo de consideración, incluso, con incumplimiento flagrante de la Constitución, como es el caso de las sucesivas prórrogas de los Presupuestos Generales, ni, mucho menos, que se hayan de tolerar pasivamente las acusaciones de una malvada conspiración entre jueces, periodistas y partidos opositores, en lo que sería un supuesto golpe de estado «blando», ante la oleada de escándalos de corrupción que cercan al entorno más directo, político y familiar, del presidente, único motivo por el que fue emplazado en el Senado. Podrá la propaganda monclovita glosar la intervención de un jefe del Ejecutivo que respondió a preguntas pertinentes con «no me consta», «no lo sé», «no tengo constancia», «no recuerdo», «desconozco», «no sabría decirle» y «no tengo conocimiento» hasta medio centenar de veces, pero parece complicado que llegue el mensaje triunfalista hasta una opinión pública que se desayuna cada mañana con la noticia de una nueva imputación judicial -ayer, el traslado a la Audiencia Nacional de la investigación sobre los «sobres» de Ferraz- y a la que, además, se trata de convencer de que la «antipolítica» es lo que llevan a cabo la oposición y los tribunales en el cumplimiento de sus funciones, y no el deterioro de instituciones del Estado como el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General, la Abogacía del Estado, el INE, el CIS o RTVE, convertidas en meras cajas de resonancia de las decisiones del Gobierno.