La gran mentira del progresismo

A lo largo de la campaña electoral y de las semanas de negociaciones transcurridas para la formación de un Gobierno, no ha habido día en el que uno, dos o varios representantes del PSOE o Sumar no hayan esgrimido ante la opinión pública la necesidad de conformar un bloque «progresista» para llevar las riendas del país. Izquierda y ultraizquierda no han parado en este tiempo de alardear de ese supuesto «progresismo» que se supone que llevan implícito como marca de nacimiento, en contraposición al «ultraderechizado» y «retrógrado» bloque conservador. Entendiendo por progresismo una expansión de los derechos y la protección social de los más débiles, una sanidad y educación públicas de calidad y una preocupación por el medio ambiente, izquierda y ultraizquierda no dudan en hacer uso de sus terminales mediáticos para intentar hacer creer que son ellos, y no la derecha, los que enarbolan la bandera de tan idílica modernidad. Esta confrontación interesada de ideas se topa, sin embargo, con la realidad, y es el propio Gobierno en funciones el que demuestra que lejos de promover progresos sociales, sus políticas terminan cercenándolos.

Muy elocuente resulta en este sentido el plan presupuestario que el Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea para 2024. Sus tablas revelan que más que progresismo, lo que practicarán la izquierda y ultraizquierda si repiten con el apoyo de los golpistas catalanes y los herederos políticos de ETA no es, en realidad, más que una involución en toda regla. En pocas palabras, que su cacareado progresismo es tan falso como las promesas de Pedro Sánchez sobre la amnistía, las negociaciones con Bildu o los indultos a los políticos corruptos. Una sarta de mentiras, vamos.

En el plan, el mismo Ejecutivo que alardea de su preocupación por la emergencia climática y por los efectos nocivos que el PP causa en Doñana, no incrementa cantidad alguna para la protección medioambiental. Si en 2023 ha dedicado a ello un 1% del PIB, el próximo año destinará lo mismo. Eso sí, el Gobierno pacifista eleva los fondos para defensa, que pasan del 1,2% del PIB al 1,3%. Llamativo es también el desdén mostrado a la hora de apuntalar una sanidad y una educación públicas. A pesar de que la primera está inmersa en una grave crisis, con una lista de espera récord en la que se encuentran 793.521 pacientes que aguardan una media de 120 días para operarse, y con un retraso en la llegada de los nuevos fármacos que supera los 600 días, el Gobierno que se dice «progresista» no sólo no incrementa los fondos, sino que los congela. Al igual que este año, el que viene apenas se destinará un 6,7% del PIB para sufragar la asistencia de los enfermos, muy lejos del 8 o 9% que dedican otros países vecinos y del 7% que prometió Sánchez para finales de la legislatura. Otra mentira más, vamos. ¿Dará de sí este dinero para financiar las nuevas prestaciones prometidas por PSOE y Podemos en su acuerdo, o el tope máximo y desmesurado para una operación? No parece probable. La educación recibirá por su parte un 4,3% del PIB, lo mismo que este año. Es cierto que el porcentaje se practica sobre un PIB creciente, pero también lo es que el aumento de costes, disparado, podría comerse de forma holgada dicha subida. No conviene pasar por alto tampoco el dinero para protección social, que se desploma del 18,7% del PIB a sólo un 18,3%. ¿Dónde está el progresismo?