Justicia politizada

La separación de poderes existe para que cada uno de los poderes del Estado imponga estrictos límites a los otros poderes y fiscalice su ejercicio. Y para ello un poder no puede estar subordinado a ningún otro: en caso contrario, no habría control recíproco ni fiscalización. El gobierno socialista de Pedro Sánchez está, empero, obsesionado con controlar la justicia y, para ello, está difundiendo un tramposo mensaje a la opinión pública: que todos los poderes del Estado emanan del pueblo español y que la voluntad de éste está representada en el Congreso de los Diputados.

Dos son las falacias de este razonamiento. Primero, la voluntad del pueblo español no solamente se halla representada en el poder legislativo, sino también en la propia Constitución, a la cual se sujetan los tres poderes del Estado y que precisamente otorga autonomía al judicial frente al legislativo y al ejecutivo. Segundo, el poder legislativo no es solo el Congreso de los Diputados, sino también el Senado, de modo que la mayoría parlamentaria de la que gozan circunstancialmente el PSOE y sus aliados en el Congreso ni siquiera puede equipararse con la unívoca voluntad del pueblo español, la cual también estaría reflejada en la mayoría que el PP posee en el Senado. O dicho de otro modo: que hoy el PSOE (y sus aliados) controlen el Congreso no los legitima a asaltar los tribunales, someter a los jueces y politizar la justicia.

Pero ése es el camino por el que quiere llevarnos el Gobierno, lo cual es un problema porque termina, por un lado, impidiendo que se imparta verdadera justicia y, por otro, deslegitimando la imagen de la justicia entre los propios ciudadanos. Tomemos el reciente caso del muy politizado Tribunal Constitucional y la anulación parcial de la condena contra la ex ministra Magdalena Álvarez en el caso de los ERE. Sin necesidad de entrar a valorar el fondo del asunto, aquí caben dos posibilidades: que la sentencia sea justa o que no lo sea. En el primer caso, que esta polémica sentencia haya sido dictada por magistrados colocados a dedo por políticos que integran el mismo partido que aquellos a quienes está beneficiando la sentencia, socava la reputación misma de todo el sistema de justicia ante el pueblo español (y su subordinación a un órgano político y politizado como el Constitucional). En el segundo caso, esta polémica sentencia sería una forma de distribuir patentes de corso entre los políticos y sus allegados, esto es, una forma de legalizar su piratería. En cualquiera de ambos casos, la politización de la justicia no le hace ningún bien a la justicia: no avancemos más por esa vía.