La operación Cataluña de Pedro Sánchez

Es cierto que la izquierda política y mediática es experta en crear cortinas de humo para esconder sus auténticas intenciones. Lo es, también, que el PSOE ha aparcado sus principios para abrazar el sanchismo. Y no hay duda de que la verdad ha sido sustituida por la mentira como columna vertebral de la acción gubernamental, aunque ahora se la denomina cambios de opinión o se afirma que «la única verdad es la realidad». Por ello, no nos podemos creer ningún compromiso del presidente del Gobierno y líder del PSOE. A los que podemos creer, desgraciadamente, es a los independentistas, porque no tienen ningún filtro y no les importa poner en un compromiso a su aliado. Aragonès confirmó ayer que hará un referéndum sobre la independencia de Cataluña. No es casualidad que ese compromiso lo haya aderezado con la constatación de que han «forzado al Gobierno del Estado a pasar de la represión a la negociación», aunque sería más preciso hablar de imposición. En poco tiempo han logrado los indultos, derogar la sedición y acordar una inconstitucional ley de amnistía que será validada con un pumpidazo en el Tribunal Constitucional. La lista es mucho más larga, pero la voracidad de ERC, Junts, Bildu y PNV no tiene límites.

Con este panorama tan inquietante, que es contradictorio con lo que defendía el PSOE y demoledor para el Estado de Derecho, es una burla que los dirigentes socialistas critiquen que el PP no apoye al Gobierno. La incoherencia es tan estratosférica que les debería producir bochorno, pero algunos políticos perdieron hace mucho tiempo la vergüenza. Otro frente es el lawfare o la utilización política de la Justicia, porque mantiene su independencia en estos tiempos tan aciagos. Sánchez ha abrazado la agenda extremista del Grupo de Puebla, que es la modernización del comunismo y el populismo de toda la vida, por lo que tiene como objetivo que todos los poderes giren alrededor del Ejecutivo. Hay mucha gente que no es consciente de que una deriva de estas características acaba con la división de poderes que es el fundamento del Estado de Derecho. No es una vieja formulación de Montesquieu superada por el tiempo, sino que configura un sistema de limitación del poder para impedir el despotismo en cualquiera de sus variantes.

La vicepresidenta Montero se hacía el otro día un lío, no sé si consciente o inconscientemente, con el concepto de soberanía. La Constitución establece en su artículo 1.1 que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», y el 66.1 que «Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado». Esto permite sacar varias conclusiones. En primer lugar, son las Cortes Generales las que representan al pueblo español y no solo el Congreso. No dice, tampoco, que una más que la otra. El tema de la soberanía es, también, muy claro, porque no reside ni en el Congreso ni en las Cortes, sino en el pueblo español. Por tanto, no se puede confundir representación con soberanía o pensar que una Cámara es superior a la otra. No hay duda de que las Cortes Generales no tienen un carácter soberano, sino que su naturaleza es representar al soberano.

Otro error habitual es creer que como han sido elegidas por el pueblo español pueden hacer cosas que realmente no pueden hacer. El artículo 66.2 es también muy claro porque indica que las Cortes «ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuyan la Constitución». No hay una cláusula de escape que permita incluir aquello que no está constitucionalmente previsto. No cabe esa pintoresca interpretación de incluir la amnistía porque no está formalmente prohibida. Al margen de que es una mentira, ya que el constituyente rechazó dos enmiendas que pretendían incluirla, la correcta interpretación es que no puede hacerlo porque no se encuentra dentro de sus competencias.

Es sorprendente que algún catedrático de Derecho Constitucional defensor del uso alternativo del Derecho e ideólogo del sanchismo pretenda laminar las competencias del Senado. No es ningún fraude constitucional, término que no aplica, sorprendentemente, al abuso de los decretos ley, al clientelismo o la instrumentalización de carácter partidista de los organismos constitucionales. La descarada politización de la Administración no le causa ningún desasosiego. El sanchismo siempre encuentra a juristas como Conde-Pumpido, Pérez Royo, Balaguer, Segoviano, Díez o Martín Pallín dispuestos a avalar los atropellos contra la separación de poderes y el Estado de Derecho.

El aparato propagandístico socialista ha sacado a pasear lo que denomina Operación Cataluña o cloacas del Estado para esconder la auténtica Operación Cataluña que ha puesto en marcha Sánchez con su rendición ante Puigdemont y Junqueras. Los que han politizado la Justicia desde la Transición hasta la actualidad, han utilizado todos los resortes del Estado contra sus enemigos y han sido una maquinaria de corrupción sistémica, se alían con los enemigos de España, que son los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA, para atacar al PP y acusarle de utilizar las instituciones para espiar a sus rivales políticos. Es asombroso. El objetivo es embarrar el terreno de juego y minimizar la escandalosa amnistía que se otorgará a unos políticos y sus cómplices que se rebelaron contra el ordenamiento constitucional y estatutario. No solo eso, sino que quieren incluir los casos de corrupción y los delitos de terrorismo. Una vez más, es una lástima que los juristas de cámara, los aliados mediáticos, el diario gubernamental y los canales temáticos de telePSOE tengan tan mala memoria.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).