Otra vez ese leve tufillo franquista

Voltaire (1694-1774) habría sido el primero que dijera que «no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo». Luego, han sido muchos, políticos sobre todo, los que lo han repetido, se lo han apropiado o, en los casos más honrados y liberales, lo han defendido. El socialista Félix Pons (1942-2010), en sus tiempos de presidente del Congreso, llegaría a decir algo parecido cuando –¡qué momentos!– un diputado profirió una pequeña parrafada en catalán en el Parlamento. Pons explicó que el reglamento no lo permitía, pero que él tendría que volver a nacer para prohibírselo y le requirió que, para el diario de sesiones, facilitara la traducción a los servicios taquigráficos de la Cámara. Hay más dudas de que Pedro Sánchez, y por supuesto sus ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun, sean devotos volterianos. Tampoco la vicepresidenta, María Jesús Montero, que se queda sin su mano derecha de Presupuestos, y que aplaude con entusiasmo desaforado cualquier intervención de su jefe, mientras Tezanos insiste en que el PSOE aventaja en voto al PP.

El Gobierno y el presidente, que conviven mal con la crítica, la que sea, acaba de aprobar un denominado Plan de Regeneración Democrática, de futuro incierto por aquello de los apoyos parlamentarios –sus socios no están del todo de acuerdo o en contra–, que para muchos es poco más que una cortina de humo, una nueva maniobra de distracción, ante la evidente parálisis legislativa. El Plan, por ahora confuso y a falta de muchas –demasiadas– concreciones, despierta sospechas por lo que podría suponer de cortapisas a la libertad de expresión y de información. Nada que objetar en la transparencia de la publicidad institucional –también la del Gobierno central–, aunque sorprende que la vara de medir para los medios en las lenguas oficiales de las CCAA –catalán, vasco y gallego sobre todo–levanta sospechas. Por otra parte, la creación de un registro oficial de medios de comunicación genera todavía más dudas y evoca otros tiempos, franquistas, en los que existía un registro oficial de empresas y de periodistas obligatorio, como también un control férreo de los alquileres, pero ya se sabe que el franquismo tampoco era partidario de Voltaire.