Siete de cada diez españoles creen que la amnistía sanchista quebranta la Constitución

El pasado día 4 de diciembre en el periódico EL PAÍS se podía leer lo siguiente, «un 60% de los españoles considera que la amnistía es injusta y supone un privilegio». «La medida de gracia solo tiene apoyo en Cataluña y Euskadi, y entre los votantes nacionalistas y de Sumar». Se trataba de los resultados de una encuesta encargada por el propio medio, nada sospechoso de integrar la «fachosfera». En este sondeo se especificaba que al 59,4% la palabra amnistía le sugería privilegio y al 59,2%, injusticia.

El 6 de diciembre, 45 aniversario de la Constitución Española, LA RAZÓN publicaba un estudio sociológico, con conclusiones reveladoras sobre el sentir de los españoles ante la amnistía y las cesiones a los independentistas como el precio a pagar para la investidura de Sánchez. En total, un 64,3% de los españoles se mostraba en contra de la medida de gracia: salvo los electores de Sumar y los independentistas, los de PP, PSOE y Vox estaban mayoritariamente en contra. En este sentido, un 96,3% de los votantes del PP la rechaza, igual que el 100% de los de Vox. Por parte del PSOE, un 48,3% se opone a la amnistía y tan solo un 31% la apoya. Sánchez es sabedor del enorme desgaste electoral que sufrirá el PSOE porque hasta sus propios votantes rechazan la medida de gracia y la consideran inconstitucional.

El 68,8% de los ciudadanos manifiesta que la amnistía no cabe en la Constitución, porque es considerada una ley inconstitucional que rompe la igualdad entre españoles y privilegia a los independentistas , pues exime de todas las consecuencias judiciales por sus actuaciones durante el «procés». La encuesta constata el amplio rechazo social que está viéndose en la calle con importantes movilizaciones: la mayoría de encuestados no solo considera que es inconstitucional, sino que también se opone a ella.

Semanas después, el 31 de diciembre, LA RAZÓN publicaba otra encuesta en la que el 66,6% de los españoles estaba en contra de la aprobación de la amnistía. También informaba de la opinión del 62,5% que creía que se estaban dando demasiadas concesiones a los independentistas. Así como que el 60,4% de los españoles se mostraba convencido de que finalmente el expresidente de Cataluña volverá a España «sin rendir cuentas».

Otros medios de todo significado político publicaron también encuestas que confirmaban este rechazo popular a la amnistía. Todas las encuestas han coincidido en transmitir la oposición de los españoles a esta medida anticonstitucional. Pero Moncloa nunca ha escuchado al pueblo y ha seguido con su hoja de ruta hacia ninguna parte.

Y por esa razón, el Pleno del Congreso respaldó esta semana con mayoría absoluta la Ley de Amnistía levantando así el veto del Senado y dando luz verde a su aprobación, con lo que la norma se envió al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. El trámite parlamentario final se superó de manera tan ajustada que se necesitaban 176 votos y se sumaron 177.

Como estaba cantando, la norma tuvo el respaldo de 177 parlamentarios del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.

Como reclamó el PP, la votación fue pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie para anunciar su voto a viva voz.

Ahora, se abre un horizonte de mayor controversia si cabe, además de la más que segura litigiosidad con las cuestiones prejudiciales que los tribunales afectados formularán ante las instancias europeas y que supondrán la suspensión automática de la amnistía hasta que se emita un dictamen definitivo.

De momento, lo que ha quedado de manifiesto, además de enorme rechazo popular, es que jueces y fiscales han manifestado que, amén de inconstitucional, la amnistía no es aplicable para los principales encausados por el procés por su implicación en presuntos delitos de malversación.