Tranquilos, los jueces no están locos

Existen dos factores en la sentencia del fiscal general Álvaro García Ortiz que desmontan las teorías de la conspiración gubernamentales para tranquilidad de las buenas gentes del común, que uno ya no está para aguantar sin sobresaltos los aspavientos de Óscar López, debelador de jueces corruptos, es decir, casi toda la carrera judicial, e inquisidor de intenciones. El primer factor es que entre las acusaciones particulares figuraba el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), a cuyo decanato, que ejerce Eugenio Ribón, hay que suponerle alguna solvencia jurídica. El propio decano ha dejado escrito que ejercieron la acusación convencidos de que existían indicios más que concurrentes de responsabilidad penal y en un asunto que ponía en cuestión «la solidez de una de las piedras angulares del Estado de derecho, la inviolabilidad del derecho de defensa». No actuó, pues, el ICAM sin reflexión previa y análisis meditado de los hechos, virtudes que no adornan, precisamente, al ministro López, como demuestra que el tribunal les haya dado la razón. El segundo factor es, si cabe, más revelador. Nos referimos a la reacción del entonces secretario general de los socialistas madrileños, en primera línea de la batalla política con Ayuso, que corrió despavorido hacia la oficina de un notario nada más comprender el embolado delictivo en el que le querían meter sus señoritos. Pero, claro, Lobato, además de ejercer la política, es un técnico de la Hacienda del Estado y posee una doble licenciatura de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Por explicarlo para que se entienda: Lobato tiene una formación profesional que le permite vivir perfectamente fuera de la política y, además, ha demostrado que nadie tiene derecho a situarse por encima de la ley. Un buen tipo, con poco futuro en la guardia pretoriana del sanchismo. Supongo que los jueces del Supremo habrán tenido en cuenta otros elementos, pero como no se ha hecho pública la sentencia, solo el fallo, no es cuestión de especular como un sanchista cualquiera. Solo añadir un dato a modo de pequeña maldad. Que el 30 de noviembre de 2023, el pleno del CGPJ declaró a García Ortiz como no idóneo para el cargo, en una decisión inédita en democracia. Pero como no era vinculante, y pese a una condena previa del Supremo por «desviación de poder», el Gobierno le confirmó en el puesto. Por lo demás, constatar que el PSOE sigue con las mismas costumbres de siempre. Como cuando los motines de mayo del 36, los de los «caramelos envenenados», que acabaron con una treintena de mujeres, entre ellas varias monjas, apaleadas y con el incendio de una docena de iglesias, conventos y colegios religiosos de Madrid, que el diputado Tomás Álvarez Angulo despachó acusando a las derechas de haber provocado a los incendiarios, dando pábulo de paso al malvado rumor. «La culpa la tenéis vosotros, que habéis mandado con los caramelos a las mujeres», dijo, ocultando que dos militantes socialistas, Bruno Ponce y Juan Palacios López, habían resultado muertos en los incidentes. El primero, de un tiro de los guardias de Asalto cuando pretendía quemar el convento de los Padres Paúles; el segundo, quemado vivo cuando incendiaba la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, que ardió hasta los cimientos. Pero como el tío Óscar, la culpa siempre es de las derechas. Estos tipos no cambian.