La verdadera excepción ibérica, el freno gubernamental a las energías renovables

En un artículo reciente me preguntaba si el compromiso del gobierno de España con la transición ecológica y energética era un mito o una realidad. Ahora, tras conocerse que el ejecutivo de Pedro Sánchez recuperará el impuesto a la generación de energía eléctrica durante el año 2024 podremos convenir que la apuesta por las energías renovables del autodenominado «gobierno verde» es más un mito y una estrategia de propaganda que una realidad.

Normalmente, y hablando desde un punto de vista liberal, cuando una administración pública quiere transformar un determinado sector económico pone en marcha incentivos positivos que animen a los ciudadanos y las empresas a modificar sus comportamientos y sus modos de producir. ¿Y qué ha hecho nuestro gobierno?

Al margen de las ayudas destinadas a la compra de vehículos eléctricos y/o a la instalación en domicilios particulares y en establecimientos comerciales y empresariales de placas fotovoltaicas para autoconsumo de energía renovable, vinculadas al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y cuya efectividad está por comprobarse debido a que los retrasos en la ejecución de dichas ayudas no permiten hacer un balance real del uso de estos fondos, su única política ha consistido en aumentar los impuestos a las empresas que se dedican a producir energía, a todas, incluso a aquellas que producen energía a partir de fuentes renovables. A lo que se añade la imposición, vía decreto-ley, de límites a las rentabilidades de las empresas de energías renovables.

Si hablamos de impuestos, España, es un caso único en la Unión Europea. Primero, porque el ejecutivo español ha creado un impuesto, se supone que extraordinario y temporal y que la Comisión Europea ha instado a eliminar el pasado mes de noviembre, que se aplica a todo el sector eléctrico, cuando en Europa solamente se gravan el petróleo y el gas, es decir, aquellas fuentes de energía cuyo uso se quiere desincentivar. Y segundo, porque el impuesto a la generación de energía eléctrica que el Gobierno recuperará de forma gradual para volver a situarse en un 7% a finales de este año, sólo existe en nuestro país.

Esta es la verdadera excepción ibérica, el hecho de que un gobierno frene el desarrollo de aquello que dice querer promover, la producción de energía renovable. Y digo frenar porque la limitación de la rentabilidad de las empresas renovables y la imposición de impuestos y más impuestos a todo el sector eléctrico, por un lado, reduce la capacidad de reinversión de estas empresas y, por otro, rebaja el atractivo inversor del sector para otras empresas que pudiesen estar interesadas en la producción de energía a partir de fuentes renovables.

A todo ello, se suma que todas estas medidas hacen menos competitivas a las empresas españolas que trabajan en el sector de las energías renovables ya que tienen que hacer frente a unos costes que sus competidores europeos no soportan, lo que encarece el producto que ponen en el mercado. Una menor competitividad que se traslada al resto de sectores de la economía, porque esos mayores costes serán repercutidos, en mayor o menor medida, a los clientes, ya sean ciudadanos individuales u otras empresas que también verán incrementados sus costes de producción y, como las empresas de energías renovables, competirán en inferioridad de condiciones respecto a las empresas del resto de la Unión Europea.

Además, esta subida de impuestos y, concretamente, la recuperación del impuesto a la generación eléctrica (el último anunciado por el gobierno de España) impactará al alza en los acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (Power Purchase Agreement o PPA) entre los productores de energía renovable españoles y los comercializadores o consumidores de la misma. Lastrando nuevamente un mercado en el que nuestro país es líder mundial.

Observando todos estos efectos, el Gobierno debería rectificar estás últimas decisiones que carecen de toda lógica económica, medioambiental e incluso política porque estás decisiones contradicen el programa electoral del PSOE que se comprometía a impulsar una fiscalidad que «desincentivase la contaminación, impulse el proceso de descarbonización de la economía y favoreciese la transición ecológica» y de las palabras de Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados cuando afirmó que «eliminar el impuesto a la generación eléctrica era necesario para aliviar la factura la consumidor».

Un insigne socialista sentenció hace años que «las promesas electorales están para no cumplirlas» pero cuando los incumplimientos lastran la competitividad de nuestro país, ponen en riesgos inversiones millonarias y muchos puestos de trabajo y desaprovechan el gran potencial de España para ser líder en la producción y explotación de energías renovables, cualquier gobierno responsable se replantearía sus decisiones.

No podemos ser la excepción europea y desaprovechar el enrome potencial de nuestro país y la extraordinaria oportunidad que tenemos de ser líderes del proceso de transición energética que se está produciendo a nivel mundial.

Antonio González Teroles director de Asuntos Públicos Internacionales de Solaria Energía y Medio Ambiente.