Un funcionario que sufrió acoso laboral tras demandar a la institución en la que trabajaba recibe una indemnización de más de 30.000 euros

El funcionario comenzó su calvario en 2023, cuando el trabajador interpuso un procedimiento contencioso-administrativo para defender sus intereses salariales, obteniendo una sentencia favorable del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Vitoria-Gasteiz en junio de ese mismo año.

Lejos de solucionar su situación, aquella victoria judicial marcó el inicio de una campaña de acoso institucional. Según recoge la sentencia, el funcionario dejó de ser "anónimo" para la corporación municipal, donde incluso se llegó a debatir abiertamente si acatar la sentencia o recurrirla, en un ambiente donde se llegó a comentar que el trabajador "solo quiere ganar dinero".

El reconocimiento judicial del acoso

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco describe en su fallo cómo se produjo "una degradación de funciones y retribuciones" contra el funcionario, así como diferentes actos de hostigamiento. Estos incluían desde el no pago de un complemento económico y el vaciamiento de sus funciones, hasta el intento de no cumplir la sentencia condenatoria previa, creando "un ambiente hostil que rebasa los simples conflictos de trabajador y empresario".

Esta situación de presión constante llegó a provocar en el funcionario dos bajas por incapacidad temporal debido a ansiedad, en octubre de 2022 -antes de haber comenzado el proceso judicial- y abril de 2024. Aunque el Juzgado de lo Social nº1 de Vitoria había desestimado inicialmente la demanda por acoso, el recurso de suplicación presentado por la defensa del trabajador ha sido estimado parcialmente por el tribunal vasco.

La Sala reconoce en su sentencia 1991/2025 que "sí ha existido un ambiente hostil" y acepta que se trata de "una infracción muy grave". En consecuencia, condena al Ayuntamiento de Laguardia al pago de 31.000 euros en concepto de daños morales.