Colegios católicos: ni elitistas, ni sacacuartos

En el colegio Santa Rosa-Alto Aragón de Huesca hacen filigranas para llegar a fin de mes: los sueldos de los profesores, la calefacción, el material escolar… No lo consiguen. Las cuentas no salen. En este curso, la Administración les ingresa 202.130,99 euros por el concierto, mientras que sus gastos ascienden a más del doble: 419.254,57 euros. La resta es sencilla. El déficit, si dependiera solo de los poderes públicos, sería de 217.123,58 euros. Estas cifras no se encuentran bajo llave, sino que deben a la vista en el portal de transparencia de cada centro concertado de nuestro país. Y sin tentación alguna de trucar o maquillar. «Al Consejo Escolar se le presentan las cuentas desglosadas en cada uno de los apartados, se mandan a Inspección y en cualquier momento te pueden solicitar cualquier factura», expone José Ignacio Casajús, director de este colegio que pertenece a la Fundación Educación Católica. «La presentamos con dos decimales, no hay negocio alguno, más bien lo contrario», apostilla desde su vocación educadora.

Con estos números en contra, la principal vía de supervivencia que tienen los colegios cristianos hoy es la aportación voluntaria de las familias. «Sobrevivimos como buenamente podemos», subraya este docente aragonés, que no puede ocultar su indignación ante el revuelo generado en estos días por un informe elaborado por Esade, que sostiene que estos centros cobran «cuotas ilegales en teoría pero habituales en la práctica».

«Si fueran ilegales ya habría actuado la administración», sentencia sin margen de dudas Casajús, que va más allá: «Las familias no pagan ni matrícula ni cuota alguna ni tampoco es ilegal lo que hacemos. Tan solo pagan por servicios como el comedor o una extraescolar, al igual que en un centro público», sentencia, a la vez que recuerda que la aportación voluntaria está regulada por la LOE, la Ley Orgánica de Educación de la era Rodríguez Zapatero. «De hecho», –subraya Casajús–, «yo no sé qué familias aportan o no y prefiero no saberlo, porque para mí todos los alumnos son exactamente iguales».

«Nadie está obligado a pagar nada, es un donativo sin más. Sé de familias sin recursos o que, de repente atraviesan una situación complicada, y no solo no pasa nada, sino que el centro sale a su rescate», explica María Jesús Navarro, madre un alumno de 5º de Primaria del colegio Santo Tomás de Aquino-La Milagrosa de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso. Pertenece al Consejo Escolar y, por tanto, es encargada de auditar esos balances que nunca salen con saldo positivo: «Justo en la reunión que hemos tenido hace unas semanas nos han presentado el desglose de presupuestos y hemos visto lo que se va en mantenimiento y reparaciones y eso no se sostiene con lo que aporta Educación». Con la misma contundencia, tumba otro de los estigmas que se adosan a la escuela concertada: la segregación: «En el cole hay alumnos extranjeros, que corresponde a la realidad multicultural que vivimos en la ciudad. De hecho, hay chavales protestantes y también musulmanes que reciben la misma educación desde el respeto a su identidad, que pasa por una alternativa a la clase de religión católica y a la misa de inicio de curso, por ejemplo».

«Todas estas acusaciones de ilegalidad y elitismo son rotundamente falsas y llevan una carga de fondo: desacreditar a la concertada», asevera Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, plataforma eclesial que aglutina a 1.959 centros educativos con 1,2 millones de alumnos y representa al 15% del total del sistema educativo y al 57% de la enseñanza privada concertada, esto es, la organización más representativa de este sector. Al igual que Casajús y Navarro, Centeno rubrica que la cuantía del concierto «es enormemente deficitario» en tanto que «no cubre ni la mitad de los gastos de los centros».

En cualquier caso, tiene una solución sencilla al revuelo generado: «Que el Estado aplique su propia ley. Todo esto es consecuencia de que el Estado no está cumpliendo con su parte del contrato. La norma dice que la cuantía de los fondos públicos debe ser ‘suficiente’». De hecho, la disposición 29 de la LOE establecía una Comisión que estudie para el análisis y estudio del verdadero coste del puesto escolar en los centros. La LOMLOE, esto es, la Ley Celaá, estableció que la Comisión debía presentar las conclusiones de sus trabajos en enero de 2023 y la realidad es que ni siquiera se ha llegado a constituir. Así, dos décadas después los módulos de concierto, es decir, lo que reciben de la Administración colegios como Santa Rosa-Alto Aragón o Santo Tomás de Aquino-La Milagrosa siguen prácticamente congelados.

Con este desfase por delante, Escuelas Católicas sostiene que mientras cada puesto en la escuela pública asciende a 6.200 euros de gasto, en la escuela concertada, cada alumno cuesta 2.900 euros de media. «Con estos datos, se podrían deducir dos interpretaciones: o que la escuela pública está sobrefinanciada -y creemos que no es así-, o que la escuela concertada está infra financiada», sostiene Centeno. Por eso, no duda en afirmar que «la Administración está asfixiando a los colegios y es lo que lleva a mendigar ayudas a las familias, cerrar los centros o traspasarlo, como está sucediendo en Cataluña, donde se está convirtiendo en un negocio redondo para los poderes públicos: quedarse con un colegio que ya está en marcha».