Opinión

La diferencia de quién defiende lo público

Carmen Montón es embajadora Observadora Permanente de España ante la OEA y la OPS y ex ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

El inversor estadounidense Bernie Madoff condenado a 150 años de prisión por una estafa de casi 65.000 millones de dólares
El inversor estadounidense Bernie Madoff fue condenado a 150 años de prisión por una estafa de casi 65.000 millones de dólaresJUSTIN LANEAgencia EFE

En España se da el pistoletazo de salida hacia la próxima contienda electoral, y en el debate público y político está inevitablemente la sostenibilidad de la Sanidad pública. Una de las grandes diferencias es quién defiende lo público.

Y en ese contexto cabe analizar nuevamente el modelo de concesión administrativa, modelo Alzira, como un modelo fracasado, solo posible y rentable para la empresa gracias a la connivencia con el poder político del gobierno de turno, la falta de control y la trasgresión de las normas de buena gobernanza por parte de la Administración. Sumado a un comportamiento, por parte de la empresa, de aplicación de una lógica comercial voraz y no de salud pública y de mejora de resultados en salud.

De hecho, este cacareado modelo privatizador, después de décadas, prácticamente no ha podido salir de la Comunidad Valenciana, donde nació de la mano del Gobierno de derechas de Zaplana. En Europa no ha tenido recorrido dentro de la Unión Europea y en América apareció en Perú en 2010 y en Colombia con el intento fallido de compra de Café Salud, truncado por la fuerte oposición política por su falta de transparencia y vulneración de la libre competencia.

La idea de eficiencia del modelo Alzira recuerda, aunque en este caso de manera «casera», a la película basada en la vida de Bernie Madof, el famoso inversor y estafador de Wall Street, «The Wizard of lies» (el mago de las mentiras) que hizo creer que su sistema era «más ventajoso y rentable».

En este caso los estafados de la gran mentira de la eficiencia y la idoneidad para los fondos púbicos y el interés general de esta privatización sanitaria tras el concepto de colaboración público-privada, no son grandes inversores, sino la ciudadanía.