Opinión

“Persona con discapacidad”. Dignificar la democracia

Carmen Montón es embajadora Observadora Permanente de España ante la OEA y la OPS y ex ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

El senador del PSOE, Juan Ramón Amores, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 25 de enero de 2024, en Madrid (España). La reforma del artículo 49 de la Constitución, referido a las personas con discapacidad, concluye hoy su tramitación en el Senado. Consensuada entre PSOE y PP, esta proposición de ley responde a una demanda del movimiento de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Entre otros puntos, el nue...
El Senado aprueba la reforma del artículo 49 de la ConstituciónAlberto OrtegaEuropa Press

Las palabras importan porque definen el mundo y nuestra relación con el mismo. En ese sentido podemos ver como en la discapacidad, la evolución en el discurso para nombrarla está relacionada con la exclusión o inclusión social de las personas con discapacidad. Y es que el lenguaje incide en la inclusión social. Sabemos que cambiar las palabras no es erradicar la desigualdad y discriminación de la realidad, pero es parte imprescindible del cambio.

Las personas con discapacidad han sido nombradas históricamente, y tratadas, por discursos que provienen de sistemas de poder asentados en la discriminación y exclusión social, que son aceptados como certezas, trasmitidas en el tiempo a través de las generaciones, y que conllevan a la perpetuación de esa exclusión y discriminación. En suma, las narrativas asentadas en el lenguaje despectivo afectan a la identidad de la persona socialmente construida, fomentan el prejuicio y la exclusión, e incluso abonan el discurso de odio.

Por ello, esta semana será memorable en las conciencias y los corazones de la ciudadanía española y en nuestra democracia, tras la reparación de una deuda moral con más de cuatro millones de personas en España, al haber reformado la Constitución, para eliminar el termino “disminuido” y sustituirlo por “persona con discapacidad”. Con el ejercicio de reconocer jurídicamente que la discapacidad no impide el pleno ejercicio de la autonomía personal, se amplía y dignifica la democracia.

La batalla por la inclusión se lleva librando décadas por las entidades de defensa y representación de las personas con discapacidad que reclamaban cumplir con la Convención internacional de derechos de las personas con discapacidad comenzando por nuestra Carta Magna, por lo que hay que darles la enhorabuena; así como a al Gobierno y las fuerzas políticas que impulsaron y apoyaron este avance. Tras este importante hito seguimos trabajando como sociedad para convertir las palabras en hechos, por la inclusión, diversidad y visibilidad de las personas con discapacidad, que son, sobre todo, personas, sujetos de todos los derechos.