«La eutanasia convierte a los médicos en verdugos»

El padre de María Paz, una joven que sufría graves problemas de salud, asegura que su familia «nunca» se planteó esa opción

María Paz Fernández-Martos Montero no tuvo nunca las cosas fáciles, ni siquiera desde muy pequeña. Aunque nació sana, al año de vida le diagnosticaron una leucemia, y como parte de su tratamiento le radiaron la cabeza y le produjeron daños cerebrales, lo que en la adolescencia se tradujo en crisis epilépticas, de las que llegó a sufrir hasta 200 episodios en un año. A los nueve años fue escolarizada con niños con leves deficiencias mentales y sensoriales. A consecuencia de las crisis epilépticas su estado físico se fue degradando progresivamente, ya que tenía episodios de «ausencias» que hacía que se cayera continuamente, lo que le causaba traumatismos craneales y hematomas en el cuerpo, porque muchas veces le ocurrían estando de pie.

Tres años antes de fallecer, en una salida del centro ocupacional al que asistía, tuvo una de esas «ausencias» mientras bailaba, se cayó de espaldas y perdió el conocimiento. Al llegar al hospital le aplicaron el protocolo normal en estos casos, que incluye un TAC craneal para ver los daños en el cerebro, pero ella lo tenía desaconsejado pues el origen de su problema radicaba en el exceso de radiación que recibió cuando era pequeña para ser tratada de la leucemia. Tras esta prueba a partir de entonces sufrió problemas respiratorios, y necesitó para siempre oxígeno de forma continuada.

Pese a ello, siempre tenía muy baja la saturación de oxígeno, incluso por debajo del 55% (lo normal es 97%, por debajo del 90% se produce hipoxia, un nivel más bajo de lo normal de oxígeno en sangre). Por eso «los médicos no entendían como podía vivir», asegura su padre, Antonio Fernández-Martos, a LA RAZÓN. A los 40 años, fruto de una caida, sufrió una hemorragia cerebral masiva y entró en coma, falleciendo poco después.

A pesar de todo lo que le sucedía, su padre asegura que María Paz «estaba generalmente alegre y es muy difícil encontrar una foto en la que no tenga una maravillosa sonrisa». Además, «tenía un ojo mágico para detectar a las buenas personas, yo decía que podría trabajar en un centro para encontrar novios/as, porque los que le gustaban a ella eran magníficos, seguro». Era muy querida por su familia, «fue un privilegio», recalca Antonio, «nos unió a mi mujer y a mí, y a sus hermanos –tenía seis– les dio sensibilidad y unión».

Por ese motivo «nunca nos planteamos la eutanasia, sabemos que hemos sido creados y que nuestra vida no nos pertenece, la tenemos como un préstamo, con mayor razón la vida de los demás», afirma el padre de María Paz. «A los gobernantes les diría que no tienen derecho a disponer de la vida de los que ellos reputan como indignos de ser humanos, y lo que tienen que procurar es suministrar a los que sufren los cuidados, de todo tipo, que precisen para una vida mejor». Pero además –añade para concluir– «querer convertir a los médicos, que lo son para curar, en verdugos para matar es un insulto a la profesión médica».

La ley de eutanasia impulsada por el PSOE continúa adelante en el Congreso después de que el jueves la Cámara tumbase la enmienda a la totalidad presentada por PP y Vox, en la que planteaban una norma de cuidados paliativos que sustituyera a la proyectada por los socialistas. El día 16 de este mes acaba el plazo para presentar nuevas enmiendas, y a partir de entonces, los partidos negociarán en la Comisión de Sanidad el articulado de la norma y luego se devolverá al pleno para su discusión. La ley que propone el PSOE busca además despenalizar la eutanasia (el «suicidio asistido» está recogido como delito recogido en el artículo 143 del Código Penal) y reconocer el derecho a morir a las personas que padezcan una enfermedad o discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que quieran voluntariamente, y respaldadas por informes médicos, acabar con su vida.

Ofertar la muerte

«Llama la atención que en el momento de máxima sensibilidad por los pacientes que han fallecido por la pandemia de coronavirus en vez de mejorar la asistencia sanitaria se plantee una ley que lo único que propone es la muerte de las personas», asegura José Jara, presidente de la Asociación de Bioética de Madrid, y más aún «cuando se han visto las carencias del sistema».

«Lo preocupante es que se plantea como un avance de un derecho, cuando es un retroceso. En lugar de plantear mejoras en las medidas asistenciales la ley lo único que hace es ofertar la muerte», añade Jara. Por ello, propone alternativas: «Mejorar los cuidados paliativos seria lo básico, es en lo primero que habría que pensar. España está por debajo de la media europea en unidades de cuidados palitivos, en otros países es el doble. Eso es el punto de comienzo, ni siquiera tenemos lo básico», se lamenta.

Aunque la alternativa no son solo los cuidados paliativos, sino «una ley de atención integral al sufrimiento, que incluya más unidades del dolor, ya que las listas de espera son tremendas y los pacientes tienen que aguantar. Esta situación trae consigo el sufrimiento psicológico y espiritual» de los enfermos.

Por último, José Jara considera que también podría traer consigo un deterioro en la calidad asistencial: «Hasta ahora los médicos se implican al 100 por cien en buscar soluciones. Si el médico puede propiciar la muerte llevaría a una inhibición profesional (en lugar de implicarse en alternativas)». En definitiva, podría traer consigo «la incompetencia profesional, el abandono de los pacientes».

Y esta circunstancia podría darse también en el ámbito social: «En lugar de fomentar la solidaridad social con los problemas que sufren los enfermos se da un paso atrás. Esta ley va a provocar un cambio en la mentalidad social respecto a la implicación a atender a los personas que sufren. Y esto nos afecta a todos», declara.

Artículos más controvertidos

Desde el departamento jurídico de la asociación «Vida Digna», Carlos Álvarez ha analizado para LA RAZÓN los artículos más llamativos de la ley, que «está llena de incongruencias jurídicas y conceptos jurídicos indeterminados». Entre los más relevantes están:

El artículo 4. Presenta la eutanasia como un «derecho». En España la legislación ya regula los derechos del paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica). «En esa ley toda persona tiene reconocido el derecho a decidir los tratamientos que desea recibir o a rechazarlos, entre las opciones terapéuticas que se le presentan. Pero no es aceptable solicitar un tratamiento que esté contraindicado o que sea contrario a la lex artis (buena práctica clínica)», señala Álvarez.

El artículo 5. Requisitos para solicitar la ayuda para morir, basta con ser español o residente (para evitar el turismo de muerte que se puede ocasionar), mayor de edad y haber recibido información escrita del proceso médico, tener una enfermedad grave, así como solicitarlo dos veces. El miembro del departamento jurídico de Vida Digna afirma que «parece increíble que una decisión irreversible pueda ser solicitada por el paciente y ejecutada en 15 días y sin examen psiquiátrico. Recordemos que la mayoría de suicidios en España se producen bajo la patología de depresión».

El artículo 6. Si la solicitud no puede ser firmada por el paciente, puede ser firmada por «cualquiera». Literalmente dice: en caso de encontrarse éste impedido físicamente para fechar y firmar el documento, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia. Según Álvarez «pueden solicitar sentencia de muerte no solo parientes sino otras personas “capaces”».

En los artículos 8 a 12 se establece el procedimiento que es «exprés», en 15 días. «Es conocido que en Bélgica y Holanda no se respetan los procedimientos», recuerda el jurista. Aunque se reconoce la «objeción de conciencia» en el artículo 16, ésta habrá de manifestarse «anticipadamente y por escrito» y las Administraciones crearán un registro de profesionales sanitarios objetores. Para el experto «es evidente que dicho registro funcionará como una “lista negra”».