Paso atrás

Sanidad delega en las comunidades el control de discotecas y bares

El Consejo Interterritorial aprueba otro documento para que sean los gobiernos autonómicos los que decidan hasta qué hora abrir el ocio nocturno en función de su situación epidemiológica

Terrazas de bares de copas en Andalucía. María José López / Europa Press
Terrazas de bares de copas en Andalucía. María José López / Europa PressMaría José LópezEuropa Press

Derrota de Carolina Darias. Finalmente, la ministra de Sanidad ha dejado en manos de las comunidades autónomas la regulación de la hostelería, el ocio nocturno y los eventos multitudinarios en función de su situación epidemiológica. No quiere que la Justicia vuelva a tumbar sus decisiones, así que ha flexibilizado totalmente el Documento de Actuaciones Coordinadas (DAC) del 2 de junio en lo referente a estos sectores.

Tras el varapalo de la Audiencia Nacional al dar la razón a la Comunidad de Madrid frente a este semáforo, que estipulaba una serie de restricciones a discotecas y restaurantes, y que contemplaba su cierre si la región se encontraba en máximo riesgo, Darias ha tenido que recular. En una semana ha pasado de advertir que la DAC del 2 de junio era de obligado cumplimiento a dejarles decidir su propia desescalada.

¿Qué ha motivado este cambio de postura? «La búsqueda del consenso» a través de «la escucha activa», repitió una y otra vez la ministra ayer en rueda de prensa tras el pleno Consejo Interterritorial. Darias insistió en que «el Ministerio no impone nada» y que se acordó modificar la DAC del 14 de agosto de 2020 que prohibía las discotecas a petición de las comunidades «porque estaba descontextualizada». Pese a que seis de ellas votaron en contra de la modificación propuesta, tuvo que ser la Audiencia Nacional la que obligara a Sanidad a dar marcha atrás. La versión de la ministra, no obstante, es que lo que pretende el Gobierno «es escuchar a todas las comunidades» y «buscar el consenso», aunque reconoció que «no siempre ha sido fácil».

El verdadero motivo de su cambio radical de postura es la falta de respaldo de los tribunales a sus medidas anti Covid. Por eso ayer agachó la cabeza y aceptó que las comunidades sean las que decidan también sobre el ocio nocturno y los eventos multitudinarios en sus propios territorios. Ya no se impone nada, tan solo recomienda. Darias incluso permitió flexibilizar más aún más el borrador de modificación de la DAC del 2 de julio que propuso el martes la Comisión de Salud Pública.

Esta comisión asumió eliminar las restricciones en hostelería en lo referente a aforos, número de comensales y distancia entre las mesas. En cuanto al ocio nocturno, propuso permitir la apertura de discotecas en niveles de alerta 1 y 2 y establecer su horario de apertura hasta las 2:00 horas con posibilidad de ampliación a las 3:00. Pero las comunidades tampoco acataron esta versión, así que ahora, directamente, el Gobierno les deja a ellas el timón.

Ayer, el pleno del Interterritorial votó por unanimidad –a excepción del País Vasco, que pidió no participar– autorizar la apertura de los locales de ocio nocturno «en función de la evolución de los datos epidemiológicos» y de acuerdo con las recomendaciones del documento «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19». En cuanto al horario, estipula que el cierre será como máximo a las 2:00 de la madrugada, pero aclara que se podrá ampliar «en función de los datos epidemiológicos». En la práctica, esto quiere decir que será cada gobierno autonómico el que imponga sus propios límites.

«Las medidas de la DAC en lo referente a la hostelería, ocio nocturno y eventos multitudinarios pasan a ser recomendaciones, pero eso no quiere decir que se abra del todo. Cada comunidad irá decidiendo en función de la situación, pero es cierto que los datos indican cada vez más esperanza, es verdad que bajamos lentamente, pero se consolida esta trayectoria», declaró la ministra. Según el último informe de datos del ministerio, la incidencia acumulada a 14 días es de 111,9 casos por 100.000 habitantes, un 5,5% menos que la semana anterior. Todos los parámetros siguen bajando, tanto hospitalizaciones como pacientes en planta y en unidades de cuidados intensivos, y la mortalidad. Quedan dos autonomías en riesgo alto, siete están en medio y 10 en bajo.

Fin de la batalla

De esta forma termina la cruzada de Sanidad contra las comunidades que no estaban dispuestas a ahogar más a un sector tan maltrecho como el de la hostelería y el ocio nocturno. Tras el fin del Estado de Alarma, Darias recordó a los gobiernos autonómicos la vigencia de la Declaración de Actuaciones Coordinadas del 14 de agosto de 2020 que prohibía las discotecas y que dictaminaba un horario máximo hasta la 1:00 de las terrazas. Como cada comunidad estaba implementando su propia desescalada –Andalucía directamente abrió las discotecas y hasta las 2.00– y teniendo en cuenta que algunos tribunales superiores como el de La Rioja ordenaron la apertura del sector, Sanidad diseñó un nuevo semáforo de medidas comunes en el que se daban una serie de directrices en función del nivel de alerta. Este nuevo documento de actuaciones coordinadas salió adelante pese a que seis regiones (Madrid, País Vasco, Castilla y León, Galicia, Murcia, La Rioja, Cataluña y Andalucía) votaron en contra.

El Ejecutivo de Ayuso fue más allá y tomó medidas cautelarísimas para suspender las restricciones. Como la Audiencia Nacional le dio la razón, el ministerio se ha visto obligado a flexibilizar totalmente las medidas. Finalmente, deja todo el peso de la responsabilidad en manos de los gobiernos regionales para no enfrentarse de nuevo a los tribunales.

No solo tumbaron las restricciones a la hostelería en la Comunidad de Madrid. También la prohibición de apertura del pcio nocturno en La Rioja. El TSJR admitió el recurso interpuesto por las patronales y autorizó la apertura de las salas de baile en niveles 1 y 2 respetando aforos y distancias de seguridad. El alto tribunal esgrimió que «las medidas adoptadas en las resoluciones recurridas carecen de la necesaria justificación que la administración habría debido desplegar para defender la necesidad de dichas medidas frente a otras que hubieran podido adoptarse menos lesivas e igualmente eficaces para los fines a alcanzar».