Vox pide la dimisión de Marlaska por el crimen de La Rioja

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, exigió ayer «responsabilidades» por el hecho de que Instituciones Penitenciarias concediera el tercer grado al presunto autor del asesinato de un niño en Lardero (La Rioja) en contra del criterio de la Junta de tratamiento de la prisión y apuntó directamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que preguntó si piensa dimitir.

Esta será una de las preguntas que desde Vox van a dirigir al Gobierno por escrito con el fin de que el Gobierno dé explicaciones y asuma responsabilidades por la situación en la que se encontraba el detenido acusado del crimen.

Según explicó en rueda de prensa, Interior debe explicar qué criterio siguió Prisiones para la concesión de ese grado penitenciario en este caso concreto y se vigiló al preso fuera de la cárcel, pero también cuántos «incentivos salariales» han concedido por la concesión de terceros grados. «¿A cuántas personas se está primando dentro de las cárceles para que vayan soltando presos peligrosos a las calles? ¿Cuántas progresiones de segundo a tercero se han concedido en contra de las juntas de tratamiento?», se preguntó también Espinosa de los Monteros.

Y es que los funcionarios de prisiones, como ya ha publicado este diario, han criticado en numerosas ocasiones la orden de Instituciones Penitenciarias por la que se valora la «eficacia» de los centros penitenciarios en función, entre otros aspectos a examinar, del número de internos que progresen a tercer grado. Aunque Interior quiso especificar que se trataba solo de los presos condenados a penas inferiores a un año y que no afectaba, por tanto, al caso de Javier Almeida, el presunto asesino del pequeño Álex , el clima que se respira en Prisiones desde la llegada de Ángel Ortiz, el secretario del Área, es de «presión» por progresar a los internos.

«Son cuestiones que no atañen al funcionamiento de la cárcel ni a que los funcionarios hagamos mejor nuestro trabajo, son criterios técnicos que deben valorar profesionales y no debería premiarse ni castigarse a una cárcel por ello», sostiene un veterano funcionario de prisiones. El colectivo denuncia que son el «patito feo» de Interior.