“La vacunación obligatoria podría ser ética y legal en España”

La curva de contagios en España va cogiendo velocidad y alcanza los 111 casos, casi 7 puntos más en el último día, aunque avanza más lentamente que en otros países europeos, donde una nueva ola está provocando una emergencia sanitaria.

Países como Austria o Alemania se blindan ante el avance del virus, confinando 10 días a toda la población e imponiendo la vacunación obligatoria en el primer caso y legislando sobre obligatoriedad del pasaporte covid para casi cualquier actividad, en el segundo.

Aunque la situación en España es muy diferente a la de estos dos países, debido a que mantiene una de las tasas de vacunación más elevadas de Europa- el 90% de la población diana inmunizada- los ingresos hospitalarios convencionales y en Unidades de Cuidados Intensivos empiezan a acercarse a los umbrales de riesgo.

Ante la evidencia de que los no vacunados representan la mayoría de ingresados en los hospitales españoles por covid (entre un 60 y un 70 % de media), la pregunta de sí nuestro país podría llegar a imponer la vacunación obligatoria parece más justificada que nunca.

Los expertos en Derecho Sanitario consultados por LA RAZÓN creen que no tendría que crearse una ley que regulara esta medida, ya que podría aplicarse amparándose en una ya existente: la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. “La vacunación obligatoria podría ser legal y ética en un contexto de grave crisis», explica Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario. «Aunque no lo cita de manera expresa, podría hacerse como una interpretación de su artículo 3», detalla el experto. «En España todavía no parece necesaria esta medida pero, mientras no exista la demandada ley de pandemias, sícabría ampliar esta ley si se mantienen los dos los dos principios fundamentales para que la vacunación pudiera ser obligatoria: que fuera proporcional y necesaria».

En opinión de Mariano Avilés, presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, ni siquiera sería necesaria una ley orgánica para regular una “medida extraordinaria” de estas características, que limita un derecho fundamental. “Una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de este año avala que puede hacerse con una ley ordinaria, siempre que se pueda identificar con claridad el peligro grave para la salud pública, establecer la extensión del riesgo, y justificar que no se dispone de otros medios menos agresivos”. “Preventivamente, España debería hacerlo, porque los que ingresan en hospitales son personas no vacunadas”, añade.