Loli, con 100% de discapacidad y seis años esperando la ayuda a la dependencia

Loli Castañeda nació con una minusvalía del 80%; ahora, tiene concedida el 100%. Apenas puede caminar ni valerse por sí misma. Una paraplejia que le afecta especialmente a la pierna izquierda le impide llevar una vida normal. Tanto es así, que lleva años luchando para conseguir la ayuda a la dependencia sin haber obtenido resultado alguno. Esta andaluza de Coria del Río, en la provincia de Sevilla, fue sometida hace años al estudio médico para determinar su grado de dependencia.

Así, en febrero de 2016 le otorgaron el grado I y en octubre de 2021 el grado II. La ayuda nunca llegó. «Tengo derecho a asistencia de la ayuda a domicilio desde hace seis años y nunca nadie ha venido a mi casa. Los del Ayuntamiento me remiten a la Junta de Andalucía y estos segundos al primero. No puedo prácticamente caminar», explica a LA RAZÓN con desesperación, pero con fuerza para seguir luchando para conseguir tan ansiada ayuda.

Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, sobre la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el grado II indica «dependencia severa», es decir, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

Este es el caso de Loli, que ya no sale prácticamente de casa: «Mi pareja murió hace cuatro años y él era mis piernas y mis brazos, quien me ayudaba en todo. Cuando murió me quedé totalmente sola. Tengo dos hijos, pero ellos no pueden estar todo el día conmigo, tienen su familia, su trabajo y su vida. Claro que ayudan, pero aquí no pueden estar todo el día», subraya.

Loli tiene 53 años y hasta los 44 pudo trabajar, hasta que su minusvalía se lo impidió: «Estaba empleada en la ONCE, pero llegó un momento en el que no podía estar ni cinco minutos sentada, la espalda la tenía destrozada. Me pusieron un corsé y llevo una especie de hierro en la pierna izquierda para poder mantenerme en pie. Cuando me prejubilaron, encima, tan solo me dieron la mitad de la pensión, menos mal que gracias a una abogada pude recurrirlo y conseguir la pensión completa», relata. Eso sí, en esa ocasión también tuvo que pedir ayuda económica a sus hijos para llevar a cabo el proceso, «me costó más de 900 euros y yo no tenía ese dinero».

193.436 personas sin ayuda

A su minusvalía del 100% se suman dos ictus que padeció tras el fallecimiento de su esposo: «Ya no contaban conmigo, perdí el habla y la memoria. Para más inri, tiempo después, me caí un día en casa, ya que me muevo muy mal, y no podía llamar a nadie porque el teléfono estaba lejos. Lo pasé fatal. Las rodillas no puedo doblarlas, me arrastré hasta el sofá como pude y le pedí ayuda a un vecino. Mi situación es muy complicada y ya sé que me moriré sin haber recibido la ayuda a la dependencia, o al menos eso es lo que quieren las administraciones, que muera y deje de molestar, porque yo cada día llamo al Ayuntamiento y a la Junta para ver cómo está mi caso», dice resignada esta sevillana.

Y, aunque sus palabras suenen duras, lo cierto es que son una realidad. Muchas personas fallecen sin haber recibido la ayuda a la dependencia tras años de lucha para conseguirla. Por ejemplo, en Cataluña, en 2021, cada día murieron 34 personas a la espera de este reconocimiento. Según el informe anual de esta comunidad, el año pasado 12.611 personas murieron a la espera de esta ayuda , y el 73%, tenía el derecho reconocido.

En España, según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, existen un total de 1.415.578 de personas dependientes, según cifras de 2021. De ese más de un millón de personas, 193.436 no reciben ninguna prestación a pesar de tener derecho a ella, puesto que han sido reconocidas como dependientes. Es más, 55.487 han fallecido mientras estaban en la lista de espera española de la dependencia, durante el primer año de la pandemia de coronavirus, según el Observatorio de la Dependencia. Cataluña y Andalucía son las que peores datos arrojan.

«En el Ayuntamiento de Coria me dicen que están desbordados, que tienen muchos casos y que no hay suficientes trabajadores sociales para atendernos a todos. Yo ya tengo reconocido el grado de dependencia, tan solo tienen que ponerlo en marcha. Si no me equivoco, lo que me corresponde es que una persona venga dos horas al día a ayudarme, a limpiar la casa, a hacerme la compra... Es que ni siquiera puedo ir a tirar la basura, tienen que ser mis vecinos los que lo hagan por mí. Cuando la médica de la Junta vino a examinarme a casa vio que no podía hacer nada, ni levantarme del sofá».

De la minusvalía a la depresión

Así que, con el informe médico de la Junta, la incapacidad del 100% y su derecho reconocido, Loli sigue esperando: «No me lo invento, tengo todos los papeles, pero parece que vivimos en un país tercermundista. Insisto, lo que están esperando es a que me muera». Por si fuera poco, Loli arrastra una fuerte depresión por todo lo vivido: «Y la cabeza se me va, el otro día no me acordé de que había puesto en una olla un producto de limpieza y cociné con ella. Casi me enveneno».

Según la documentación aportada por Loli a este diario, donde se le reconoce el grado II de dependencia, tiene reconocido el «servicio de ayuda a domicilio por parte del Ayuntamiento de Coria del Río como modalidad de intervención más adecuada de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la normativa de aplicación para su grado de dependencia».

Es más, apunta a «determinar la intensidad del servicio de ayuda a domicilio en 10 horas mensuales, cinco correspondientes a las necesidades domésticas y otras cinco a la atención personal para las actividades de la vida diaria». El escrito apunta de igual modo que dicho servicio debe hacerse efectivo por parte de la corporación local en un plazo máximo de un mes desde la notificación de la resolución: «Y sigo a la espera de que venga alguien a ayudarme», puntualiza. Desde el Ayuntamiento de Coria aseguran que los trámites siguen en marcha pero que «la burocracia» hace complejo que las ayudas lleguen con la prontitud que todos desearían. Loli confiesa que no desistirá en su empeño.