Sin rastro de los antivirales orales prometidos por Sánchez

Febrero no ha venido como esperaban los profesionales sanitarios que atienden a las personas con infección por SARS-CoV-2 que se encuentran ingresadas en nuestros hospitales. Tampoco para los propios pacientes, especialmente, para aquellos en situación de inmunodepresión. Mientras estos últimos afrontan cada minuto del día envueltos en la angustiosa incertidumbre de no saber si tendrán que sortear las consecuencias más dramáticas de la progresión de la covid; los primeros, exhaustos e impotentes, siguen capeando los estragos del coronavirus con el limitado arsenal terapéutico disponible. Y es que, pese a que Pedro Sánchez anunció la adquisición de 344.000 tratamientos de antivirales orales de Pfizer (Paxlovid), ha comenzado el mes de febrero sin que haya el más mínimo rastro de estos tratamientos.

La preocupación sobre el acceso a estos antivirales orales y anticuerpos monoclonales quedó patente por parte del Partido Popular durante la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados del pasado 16 de diciembre. La oposición reclamó información a Darias sobre las opciones terapéuticas cuya seguridad y eficacia respaldaba la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para dar respuesta a los diferentes grupos de pacientes y las diferentes etapas y niveles de gravedad de la enfermedad. «Estamos en procedimientos europeos de compra centralizada con las comunidades autónomas. La AEMPS está trabajando con un grupo de personas expertas clínicas para establecer las recomendaciones, y vigila su eficacia frente a las variantes. Ya hay dos autorizadas. Por tanto, estamos en ese proceso de compras centralizadas para intentar verlo», comentó la ministra.

Fuentes de la industria farmacéutica consultadas por LA RAZÓN denunciaron la incongruencia de esta versión ofrecida por Sanidad. Según indicaron, no todo el arsenal terapéutico que la EMA ha validado entra en un proceso de compras centralizadas y que todos los países pueden hacer compras al margen del acuerdo marco de compra centralizada. Además, aseguraron que el reparto competencial entre Sanidad y las comunidades no es lo que está frenando el acceso de los pacientes españoles a terapias validadas. «Pretenden delegar en las autonomías una responsabilidad que no tienen. No estamos hablando de compra, sino de autorización y esta tiene que hacerla la a Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Posteriormente, se hará una revisión de cada una de las regiones para adquirir el medicamento».

Tres tratamientos

En ese momento, en nuestro país la Aemps solo había autorizado tres de estos diez tratamientos: Ronapreve, de Regeneron Pharmaceuticals y Roche; Veklury, de Gilead, y Xevudy, de Vir Biotechnology y GlaxoSmithKline. El anuncio de la adquisición de estos 344.000 tratamientos por parte del presidente del Gobierno se produjo el pasado 10 de enero.

Pedro Sánchez respondía así a urgente llamada de auxilio de los profesionales sanitarios que, a través de un artículo publicado el 7 de enero en LA RAZÓN, denunciaban la necesidad de disponer de tratamientos que les permitiesen mejorar las perspectivas de recuperación de todos los pacientes vulnerables, reducir las hospitalizaciones y, sobre todo, evitar fallecimientos. Esta situación se producía en un momento en el que los índices de incidencia y transmisibilidad se encontraban disparados, alcanzando la segunda cifra más alta de contagios de toda la pandemia.

Sin embargo, varias sociedades científicas negaban que este volumen del fármaco pudiera adquirirse en el plazo comunicado por Sánchez. Basaban su afirmación en la complejidad en la producción de este tipo de tratamientos y en que España, al contrario de lo que ocurre en países como Francia, Italia, Reino Unido o Bélgica, donde llevan varios meses empleándolos, había llegado tarde a la adquisición de los antivirales.