«Operación jaula» de Moncloa a los obispos por los abusos

Moncloa ha pisado el acelerador para poner coto a lacrisis de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El punto de partida tuvo lugar hace una semana, tras la decisión de Alejandro Palomares, ganador del Premio Nadal, de desvelar su viacrucis cuando solo tenía ocho años en el colegio de La Salle de Premià de Mar (Barcelona). Su testimonio activó de inmediato al Gabinete del Presidencia, con una llamada al escritor de Pedro Sánchez, y la convocatoria de una reunión urgente con las víctimas de la pederastia eclesial celebrada este jueves.

Dos acciones más de presión se han precipitado en estos días. Por un lado, el pasado lunes, la fiscal general del Estado y ex ministra Dolores Delgado, remitía un oficio a los 17 fiscales superiores de España para recopilar en diez días todas las «denuncias o querellaspor la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa». Un día después, el PSOE respaldaba en la Mesa del Congreso la creación de una comisión parlamentaria a iniciativa de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Eso sí, los socialistas, por indicación de Moncloa, dejaban en el aire llevar la propuesta al Pleno, puesto que se inclinarían más por otra vía propuesta por el PNV: una comisión independiente de expertos.

Lejos de formar parte de un plan premeditado, según ha podido confirmar LA RAZÓN, respondería a «una tormenta perfecta» agotada por el ala socialista del Gobierno a raíz del testimonio de Palomares que ha propiciado una especie de «operación jaula» que pone contra las cuerdas a los obispos. Y es que este «tsunami» se produce unos días después de que el líder socialista se convirtiera en el primer mandatario de la democracia en pisar la sede del Episcopado español para mantener una cumbre Iglesia-Estado con el presidente de los obispos, el cardenal Juan José Omella. Tanto en esta cita como en la que una semana antes mantuvo el arzobispo de Barcelona con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se puso sobre la mesa la cuestión de la pederastia eclesial. Bolaños mostró su preocupación, pero dio por válidas las explicaciones de Omella, que le detalló el aval del Papa y del Vaticano a las medidas adoptadas. Ni Bolaños ni Sánchez sugirieron la palabra «comisión» ni hablaron de una fiscalización del tema.

De hecho, tras la cita entre los dos presidentes, los abusos quedaron opacados en lo mediático en favor de las inmatriculaciones, con un enfado manifiesto por parte de los obispo. Mientras ambos conversaban a puerta cerrada, Moncloa filtraba que ambas partes habían llegado a un «pacto» para «devolver» un total de 965 propiedades que la Iglesia habría reconocido haberse apropiado indebidamente, cuando la realidad era otra. No hubo ni pacto ni devolución ni 965 bienes. Simplemente la Iglesia había detectado 943 propiedades que nunca había registrado pero que habían sido adjudicados de forma errónea que el informe elaborado por el Ejecutivo.

Más allá de este malestar, la pederastia nunca había entrado en la agenda de Moncloa. La estrategia del ala socialista seguía el camino marcado por la ex vicepresidenta Carmen Calvo: auditar el cepillo de la Iglesia. De ahí que las tres comisiones mixtas de trabajo estén vinculadas a las cuentas: inmatriculaciones, fiscalidad y la Obra Pía.

Ahora, el Ejecutivo da un giro para poner el foco en los abusos, pero con cautela. Al parecer, en estos días el propio Bolaños se habría puesto en contacto con la Conferencia Episcopal para sondear la colaboración en estas futuribles comisiones. Y Sánchez, desde Emiratos Árabes, no quiso embarrarse sobre su hoja de ruta al respecto. Ni uno ni otro no quieren dinamitar los puentes tendidos por la Iglesia, pero tampoco quieren desaprovechar el gancho laicista, amén del deseo real de actuar contra esta lacra que no solo afecta a los clérigos.

Desde el Episcopado español también quieren evitar una confrontación directa. De puertas para adentro, hablan de «perplejidad» ante el quiebro de los socialistas, pero rehuyen utilizar la palabra «traición».

Además, saben que toca seguir la consigna de prudencia recibida de Roma en este último mes y medio. Todos los obispos españoles han pasado por allí para reunirse con el Papa y con los diferentes «ministerios» vaticanos para abordar los principales desafíos de su misión. La Santa Sede les ha marcado el camino: no entrar en guerras políticas, presentándose como enemigos de un partido o militantes de otro. «Esto no significa que seamos ingenuos y no defendamos la verdad, pero se nos pide que apostemos por la negociación y el diálogo, aunque a priori pueda dar la sensación que nos la están colando», expone uno de los pastores recién llegados del Vaticano sobre el encargo diplomático. Desde la Secretaría de Estado se les han instado directamente a «no polarizarse con la cuestión de los abusos ni dejar que les polaricen, siendo capaces de continuar con el servicio que la Iglesia hace al bien común en tantas realidades».

A la par, los obispos han recibido un respaldo manifiesto y ningún reproche a su plan antiabusos vigente. No en vano, en noviembre se convirtió en la primera Conferencia Episcopal del planeta en contar con una normativa antiabusos propia con el visto bueno de Roma. Se trata de un Decreto General sobre protección de menores y adultos vulnerables que aglutina en un único documento toda la normativa canónica para afrontar con más rapidez y garantías para las víctimas todo el proceso.

Desde Roma se mantienen al margen de la negativa de la Conferencia Episcopal a encargar una auditoría externa que contabilice los casos del pasado. En ese «no» parecen haberse quedado prácticamente aislados, en tanto que Portugal se unió hace un par de semanas a lo ya aplicado en Francia y Alemania.

Los obispos ven que una comisión política «solo generaría un circo a modo de una causa general contra toda la labor de la Iglesia, pero no aportaría pistas sobre la verdad». Sí reciben con agrado la actuación de la Fiscalía, sabedores de que los casos abiertos en la actualidad, no constituyen una plaga. En cualquier caso, son conscientes de que lo sucedido esta última semana ha supuesto «un golpe a la credibilidad que va a ser complicado de remontar». De hecho, hay quien sugiere, para salir del atolladero, crear una cuarta comisión mixta de la mano de Moncloa para activar ese estudio de revisión histórica en manos de expertos independientes.

Hasta el golpe de esta semana, en el seno del Episcopado eran mayoría los pastores que rechazaban cualquier mirada atrás. Así se ha manifestado cuando el tema se ha abordado en la Asamblea Plenaria, el órgano de participación donde participan los responsables de las 70 diócesis españoles y que se reúne dos veces al año. En voz baja, consideran que entrar en esta dinámica «supone hacerle el juego a los anticlericales y los medios que les respaldan». El argumentario oficial se concentra en la necesidad de volcar los esfuerzos en esclarecer acompañar a las víctimas en el presente y en apostar por la prevención a futuro, pero no levantar alfombras del ayer.

Aun así, hay pastores que sí ven desde hace tiempo la necesidad de actuar a la manera que plantea el PNV, con el convencimiento añadido de que, en ese estudio, aun contabilizándose más episodios de los que hoy se saben, «no se llegaría ni de lejos a las cifras de las que se habla en el mundo anglosajón y francófono». En cualquier caso, esta postura sigue siendo minoritaria.