Los funcionarios declaran la guerra a Muface por los recortes sanitarios

Hasta el 50% de los funcionarios del Estado en España ha sufrido recortes en su prestación sanitaria “sin previo aviso”, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han tenido incidencias relacionadas con su cobertura sanitaria en los últimos meses.

Esta es la principal queja de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato de Policía Nacional (JUPOL) y la asociación de la Guardia Civil (JUCIL), que llevan más de un mes denunciando los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las mutuas que les representan –Muface en el caso de los funcionarios del Estado, Mugeju en el de los funcionarios de Justicia e Isfa en el de los de las Fuerzas Armadas–. Por ello, han convocado una manifestación para este lunes 18 abril a las 12 horas frente a la Dirección General de Muface, en Madrid.

Dichas organizaciones estregaron la semana pasada miles de firmas al Defensor del Pueblo para pedirle que velara por sus derechos asistenciales y sanitarios, que se están viendo atacados y mermados a raíz de la firma del concierto sanitario 2022-2024 el pasado diciembre entre Muface y las aseguradoras sanitarias. “Esto viene derivado de la infrafinanciación del modelo por parte del Gobierno. Las aseguradoras dicen que no tienen dinero suficiente y no pueden llegar a acuerdos con los grupos hospitalarios con los que antes tenían convenios. Con lo cual, los pacientes que se atendían hasta ahora no pueden acudir a sus centros habituales”, explicó el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra.

En concreto, el sindicato denuncia que –según las más de 5.000 encuestas que se han realizado a los afiliados de los tres sindicatos antes citados en diferentes provincias– “se ha producido una pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción definitiva de la cartera asistencial”. Asimismo, apuntan que un 14% de los funcionarios ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y les han propuesto que paguen por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento. En la misma línea, el 25% asegura que le han limitado las pruebas para detección de la covid.

Las situaciones más recurrentes que denuncia el informe son “la pérdida de médicos y especialidades en localidades” que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención.

Pero si hay una situación que, a su juicio, requiere una solución urgente e inmediata es la que denuncian los pacientes oncológicos. “A partir de ahora –sin previo aviso– estas personas no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales. En muchos casos, después de años siendo tratados por mismo equipo médico, tienen que buscarse otras alternativas, con las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad”, criticó Borra.