Los datos son desalentadores. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida que publica el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó hasta un 27,8% en 2021, 0,8 puntos más que el año anterior, el dato más elevado desde el año 2016. Un análisis sociológico que pone en evidencia la tendencia de empobrecimiento de la población que se ha visto reforzada por la crisis del coronavirus.

Así, el porcentaje de ciudadanos en situación de baja intensidad en el empleo subió del 10,0% al 11,6% y el de población en riesgo de pobreza pasó del 21,0% al 21,7%. Por el contrario, la cifra de personas residentes en hogares con carencia material y social severa se redujo dos décimas, hasta el 8,3%.

Por grupos de edad, son los menores de 16 años los que experimentan un mayor incremento del riesgo de pobreza y exclusión social con una tasa del 33,2%, lo que suponen 1,4 puntos más que en 2020, y de igual modo creció en 1,3 puntos el grupo de 16 a 64, alcanzando el 28,7%. Por el contrario, disminuyó hasta el 20,5% entre los mayores de 65 años.

Según se extrae de este informe, un 2,3% de la población se encuentran a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa y con baja intensidad en el empleo.

«Los problemas estructurales ya existentes antes de la pandemia, tales como las dificultades para acceder a la vivienda debido a la escasez de vivienda asequible y a la falta de vivienda social, las dificultades de acceso al mercado de trabajo o la fragilidad de las redes de atención se han visto acentuados por la crisis sanitaria y las consecuencias económicas de ésta. La pandemia ha sido un golpe duro para las personas en situación de exclusión, ahondando brechas ya existentes previamente», explica a LA RAZÓN José Manuel Caballol, director general de «Hogar sí». Es más, apunta que, «lamentablemente», el estudio del INE «deja fuera del estudio a las personas en situación de sinhogarismo que están en los niveles Ethos 1, 2 y 3, es decir, personas que viven permanentemente en la calle».

Los «ausentes»

«No obstante, la encuesta de condiciones de vida sí que puede darnos algunas pistas sobre la situación de las personas que viven en la calle. Si la población en su conjunto, incluso con el despliegue de mecanismos de rentas mínimas como el Ingreso Mínimo Vital, ha visto empeorada su situación, parece razonable pensar que las personas sin hogar, que tienen más dificultades para acceder a este tipo de prestaciones, se hayan visto afectadas en mayor medida», apunta Caballol.

En relación con la actividad, el estudio del INE detalla que el 58,6 por ciento de los parados estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 17,9% de los ocupados y el 16,2% de los jubilados. Y en función de la nacionalidad de los encuestados, el 23,6% eran españoles, el 40,3% extranjeros de la Unión Europea y el 65,2% personas de fuera de la Unión. Además, el ingreso medio por persona (referido a 2020) alcanzó los 12.269 euros, cifra un 0,2% inferior a la registrada el año precedente.

En 2021, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado en función de los datos de ingresos de 2020) se situó en 9.535 euros, un 0,9% menos que el estimado en el año anterior. En los hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 20.024 euros.

En la encuesta realizada por el INE en los últimos tres meses de 2021 se desprende que el 8,8% de la población manifiesta llegar a fin de mes con «mucha dificultad» (1,2 puntos menos que el año anterior) y el 33,4% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos (frente al 35,4% de 2020). Además, una de cada tres personas (32,7%) no se pudo permitir ir de vacaciones al menos una semana al año, lo que supone 1,7 puntos inferior a hace una año.

«Hemos percibido un aumento en los últimos años de personas sin hogar. Nos hemos encontrado a muchas ciudadanos que estaban trabajado en situación irregular y que con la pandemia han acabado en situación de calle. También ha influido el aumento del precio de la vivienda, que ha hecho que más personas acaben en situación de sinhogarismo. A esto se suma a la escasez de recursos sociales», subraya este diario Esperanza Vera, vicepresidenta de la Asociación Bokatas.

Según la encuesta que ayer se hizo pública, y en función del factor geográfico, los ingresos medios anuales más elevados se dieron en País Vasco (15.544 euros por persona), la Comunidad Foral de Navarra (15.269) y la Comunidad de Madrid (14.836). Por el contrario, los más bajos se registraron en Extremadura (9.500), Región de Murcia (9.931) y Andalucía (9.915).

En cuanto a las tasas AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) de riesgo de pobreza o exclusión social, las más elevadas se dieron en Extremadura (38,7%), Andalucía (38,7%) y Canarias (37,8%). Navarra (14,7%) y País Vasco (16%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas. Y si se tiene en cuenta la población en riesgo de pobreza, las más elevadas fueron en Extremadura (32,3%), Andalucía (32,3%) y Canarias (28,4%). Como contrapunto, las más bajas se notificaron en Navarra (9,8%) y País Vasco (12,2%).

«Las administraciones públicas deben esforzarse en diseñar prestaciones que sean accesibles a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Deben intentar que los trámites sean lo más simples posibles, que atiendan a la brecha digital, que no se exija más documentación de la estrictamente necesaria, ya que mucha de esta documentación ya está en manos de la administración», reivindica el director general de «Hogar sí».

Es más, desde esta ONG ya han propuesto las mencionadas medidas que han sido incluidas en la nueva Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, «que está destinada a que las administraciones establezcan mecanismos que eviten excluir a las personas con una situación socioeconómica más débil o que se encuentren en situación de sinhogarismo de las políticas públicas».