Discriminación

El salario, otra de las grandes barreras para personas con discapacidad

Perciben un 17,8 por ciento menos de media, especialmente los hombres empleados en puestos de ocupación bajos o no cualificados

Personas con discapacidad trabajando en el Centro Especial de Empleo de Aspanias en la localidad burgalesa de Quintanadueñas
Personas con discapacidad trabajando en el Centro Especial de Empleo de Aspanias en la localidad burgalesa de Quintanadueñaslarazon

Las diferencias salariales entre personas con y sin discapacidad se perpetúan. Incluso, como circunstancia previa, resalta su baja participación en el mercado de trabajo. En 2020 presentaron una tasa de actividad del 34,3%, más de 41 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. La tasa de paro fue del 22,2%, superior en 6,8 puntos a la población sin discapacidad.

En este contexto, el salario bruto anual medio de asalariados con discapacidad fue de 20.799 euros por trabajador, un 17,8% menor. La ratio salarial entre los trabajadores con y sin discapacidad fue del 82,2%, lo que supone una reducción respecto a 2019, cuando fue del 83,9%. El salario por hora para las personas con discapacidad fue de 13,9 euros en cómputo anual, frente a 16,2 euros del resto. La diferencia en el salario anual mediano –aquel para el cual hay tantos trabajadores con salarios más altos como otros con salarios más bajos– fue del 17,3%. Agravado porque un porcentaje mayor de estos trabajadores se concentró en torno a salarios bajos.

Por sexo, el salario de las mujeres con discapacidad fue de 19.237,4 euros de media por trabajadora y año, mientras que para los hombres fue de 21.995 euros. El salario de las mujeres fue, por tanto, un 12,5% inferior al de los hombres, diferencia menor que en el caso de la población sin discapacidad (19% más bajo). Además, se detectaron menos desigualdades salariales entre la población femenina con y sin discapacidad –el salario de las primeras fue un 14,7% menor que el de las segundas–, que en el caso de los hombres, cuyo salario fue un 21,0% inferior en presencia de discapacidad.

Por grupo de edad, los trabajadores con discapacidad obtuvieron un salario inferior al recibido por quienes no tienen discapacidad para todas las edades. La mayor diferencia se produjo en el grupo de 30 a 44 años, con una ratio del 76,2%. La ocupación de los trabajadores es la variable más ilustrativa de la situación laboral de las personas con discapacidad. En 2020 en ningún grupo de ocupación las personas con discapacidad superaron el salario bruto de la población sin discapacidad.

Las personas con discapacidad en puestos de ocupación altos (directores y gerentes; técnicos y profesionales científicos, técnicos intelectuales y de apoyo) redujeron sus diferencias salariales respecto a las personas sin discapacidad en los mismos puestos, pues la ratio salarial aumentó respecto a 2019, situándose en el 92,1%. Por el contrario, en puestos de ocupación medios (empleados, artesanos y trabajadores cualificados) y bajos (operadores y trabajadores no cualificados) las personas con discapacidad ampliaron la brecha salarial respecto a 2019, disminuyendo la ratio al 96,5% y 82,0%, respectivamente.

Respecto al tipo de jornada, en 2020 se observaron menos diferencias salariales entre personas con y sin discapacidad en los contratos a tiempo parcial, para los cuales la ratio salarial se situó en el 91,6%. Por tipo de contrato la ratio fue inferior para el contrato indefinido que para el de duración determinada (82,1% y 88,1%, respectivamente).

Si se atiende a las características de la empresa, el salario aumentó según se incrementaba el tamaño del centro. Aunque en todos los casos el salario de estas personas resultó inferior al de las personas sin discapacidad, las mayores diferencias se registraron en centros de cotización de tamaño mediano (de 50 a 199 trabajadores), con niveles salariales para las personas con discapacidad un 30,5% inferiores a las de sin discapacidad.

Por sectores de actividad, las diferencias entre los salarios fueron mayores en el sector Servicios. Las mayores discrepancias salariales aparecen cuando se considera el tipo de discapacidad. Así, las ganancias más elevadas correspondieron en 2020 a personas con discapacidad física y otras, seguidas de personas con discapacidad sensorial, con salarios que superaron al salario medio de las personas con discapacidad en un 7,4% y un 5,5%, respectivamente.

En el extremo opuesto, los trabajadores con intelectual y mental percibieron los salarios más bajos (13.705,9 y 16.979,7 euros anuales, respectivamente), inferiores en un 34,1% y un 18,4%, respectivamente, a la media del colectivo con discapacidad.

Atendiendo al grado de discapacidad también se observaron diferencias, aunque no tan acusadas. Los salarios oscilaron de 21.422,0 euros anuales en personas con menor grado, hasta 19.581,8 euros en las que tienen reconocido un grado mayor o igual a 65 por ciento de discapacidad.

A este colectivo se dirigen medidas de fomento del empleo para favorecer su contratación y su permanencia en el puesto de trabajo. Entre estas ventajas destacan las reducciones y bonificaciones en las cuotas de cotización a la Seguridad Social y la modalidad de contrato específico para trabajadores con discapacidad.

Si se analizan las medidas de fomento del empleo recibidas en 2020 se aprecia que las personas que se beneficiaron de ellas fueron, a su vez, las que tuvieron menores ganancias: 16.810 y 18.583 euros anuales para las personas con reducciones y con contrato específico, respectivamente.

Precisamente ayer la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Cocemfe puso en marcha este miércoles la campaña «Invisibles», bajo el lema «Toca que nos vean».

El objetivo es dar visibilidad a la discapacidad orgánica y denunciar las diferentes discriminaciones a las que tienen que hacer frente las personas con este tipo de discapacidad en su día a día. «La discapacidad orgánica en muchos casos no se puede percibir a simple vista», explicó el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, quien hizo hincapié en la importancia de que «las personas con discapacidad tengan garantizado el ejercicio de sus derechos y conseguir una plena inclusión y participación activa en la sociedad».