2.308 millones para tapar el fiasco del “solo sí es sí”

El Ministerio de Igualdad presentó la estrategia estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, compuesta por 267 medidas y dotada de un presupuesto de 2.308 millones, que incluye partidas de los distintos departamentos ministeriales.

La estrategia ya fue aprobada el pasado noviembre por el Consejo de Ministros, pero no se precisó entonces su respaldo económico, hecho público en la tarde de ayer en un acto encabezado por la ministra de Igualdad, Irene Montero; la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Según explicó Montero en declaraciones recogidas por Efe, la estrategia ordena a «modo de caja de herramientas o manual de instrucciones» las competencias de cada administración, las distintas responsabilidades y los instrumentos para luchar contra todo tipo de violencia machista, desde la ejercida por las parejas o exparejas, a la violencia sexual, la vicaria o la digital.

Este aluvión de propuestas a las que ayer se pusieron cifras de inversión consta de 267 medidas estructuradas en cuatro ejes de actuación: actualización y consolidación del marco de responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos frente a las distintas formas de violencia machista (25 medidas); sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencia machista (148 medidas); protección, seguridad, atención y reparación integral (80 medidas); y respuesta coordinada y multiagencia para la protección y garantía de los derechos (14 medidas).

Entre las más destacables se incluye la colaboración institucional con organismos e instituciones internacionales para fortalecer el papel de España en la lucha contra las violencias machistas y el diseño de un sistema de rendición de cuentas y evaluación para dar cumplimiento a las obligaciones institucionales en la respuesta coordinada frente a las violencias machistas.

Según explicó la ministra Montero, a través de la estrategia estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 se contempla la «evaluación» de las medidas y la «coordinación» entre instituciones, algo que, en sus propias palabras, ayudará a las administraciones a «ser cada vez más eficaces». Coincidió con ella la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, quien espera que este mecanismo ayude a que la supervisión y el cumplimiento de las acciones adoptadas «sea más transparente y robusto que en otras ocasiones».

A este efecto, Rodríguez anunció que el seguimiento del compromiso presupuestario y de las medidas será anual y lo llevará a cabo un grupo de trabajo creado en el seno de la administración pública a tal efecto, que no obstante será «compatible» con el seguimiento que se hace desde las comisiones parlamentarias.

La secretaria de Estado también destacó que «es la primera vez que se hace una estrategia que contenga medidas para todos los tipos de violencia», ya que antes solo se contemplaba la violencia de género.

14 excarcelaciones

Una inversión contra la lacra machista que llega justo en el momento en que las críticas llueven sobre el Ministerio de Igualdad por el fiasco de su ley del «sólo sí es sí», que a fecha de hoy ya ha servido para rebajar la pena de 195 condenados por violencia contra la mujer. De hecho, ayer, el Poder Judicial trasladó al Congreso de los Diputados la importancia de impulsar el uso de dispositivos de control telemático para vigilar a los agresores machistas y de ampliar su utilización no sólo a la violencia en pareja, sino también para otras formas de violencia contra la mujer, como la sexual.

Así lo destacó la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, que participó en la subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Sobre el uso de estos dispositivos, el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, aseguró haber dado una instrucción el pasado mes de diciembre, ante la revisión de penas a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley del «solo sí es sí», para que se atendieran en 24 horas las instalaciones de dispositivos de control telemático por excarcelaciones sorpresivas o inesperadas.

Así lo explicó la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, que pone en valor esta medida de protección a las víctimas que se puede solicitar con orden judicial, de forma cautelar o definitiva, cuando se dicta una orden de alejamiento del agresor hacia su víctima. Este dispositivo permite la geolocalización del agresor y de la víctima generando una alerta si el agresor incumple este alejamiento.

Según ha indicado Rosell, en la actualidad hay algo más de 3.000 de estas pulseras en uso y se podrían usar hasta 4.000. Igualdad apunta que aún no se ha solicitado ningún dispositivo a pesar de que se han decretado hasta 14 excarcelaciones.