Mismos servicios sociales a pesar del cambio de región

Aunque las competencias en materia social están transferidas a las comunidades autónomas, el Consejo de Ministros aprobó ayer la primera ley de servicios sociales estatal, ya que establecerá unos servicios y prestaciones mínimas para todo el territorio español.

La nueva Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, establece que las comunidades deberán acordar en el seno del Consejo Territorial, un mínimo común de servicios básicos para todo el territorio nacional.

«Los servicios sociales deben estar ahí cuando las cosas se ponen más difíciles: cuando un niño vive una situación de violencia y necesita protección, cuando una persona mayor empieza a estar en una situación más difícil y necesita teleasistencia o cuando en una familia deja de entrar el único sueldo y necesita solicitar el Ingreso Mínimo Vital», destacó ayer la titular del Área, Ione Belarra.

Si bien, reconoció que existe una «importante desigualdad» en el acompañamiento que los servicios sociales ofrecen en las diferentes comunidades autónomas y añadió que existen unos «servicios sociales completamente asfixiados».

Según precisó Belarra, después de los «durísimos» recortes experimentados por los servicios sociales entre los años 2012 y 2013, y las posteriores «privatizaciones en muchas comunidades autónomas», esta ley pretende ser «un balón de oxígeno» tanto para los profesionales de los servicios sociales «que han cubierto con su vocación y a costa de sus derechos laborales un servicio que debería haber garantizado mejor la administración pública», como para las personas usuarias, «para que sepan que es su derecho que lo público les atienda».

Entre las novedades que introduce la ley, la ministra destaca la posibilidad de movilidad territorial, evitando la exclusión que ahora se produce en algunas prestaciones de los servicios sociales, en caso de trasladarse de un lugar a otro del Estado; o la eliminación del requisito del empadronamiento para acceder a estos servicios.