
Desalojo
Adiós a los okupas de viviendas: esta es la solución aprobada en Extremadura
La Junta aprobó esta medida que "ayuda a garantizar el derecho a la propiedad privada, reconocido por el ordenamiento jurídico español"

Los okupas están generando tensión en toda España. Los casos se suceden casi diariamente y la preocupación aumenta. No solo por la posibilidad de volver de vacaciones, del supermercado o de pasar un día lejos de casa y por ver tu casa okupada sino porque se asienten cerca de tu zona y tener que sufrir las consecuencias, que no solo son para los propietarios. Un caso en Aranda del Duero refleja la situación que se vive a nivel nacional: "Han apuñalado a un chaval al lado del estanco donde vamos con los niños a comprar cromos", decía una madre preocupada.
Ante este fenómeno, se están intentando buscar medidas que puedan frenarlo. Sin embargo, llegan a cuentagotas y algunas no son del todo efectivas. El pasado mes de abril una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,que permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos. Ahora, la Junta de Extremadura, dirigida por el PP, ha ido un paso más allá y ha aprobado una nueva medida para ayudar en la lucha contra la okupación.
Este es el convenio antiokupas
La medida aprobada es ofrecer abogados de forma gratuita a todas las personas afectadas por la okupación. Así fue anunciado el acuerdo en su web oficial: "La Junta de Extremadura y los colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz han firmado este lunes un convenio de colaboración para orientación y asistencia profesional a particulares afectados por la ocupación ilegal de inmuebles destinados a vivienda". Para que se pueda afrontar esta medida, el Gobierno extremeño aporta 50.000 euros este año, 25.000 euros a cada Colegio de Abogados.

¿Cómo funcionará este asesoramiento?
Los abogados "prestarán asistencia urgente o de primera necesidad a las personas afectadas, de modo que puedan emitir criterios de respuesta eficaz e inmediata a quienes soliciten la prestación del servicio". La rápida actuación en estos casos es clave y por ello se incide en este aspecto. Para que funcione correctamente, existirá un turno especializado de abogados en ejercicio por parte de los Colegios de Cáceres y Badajoz.
Tres tipos de atención
Las consultas con los especialistas se podrán realizar de manera presencial, telefónica o por correo electrónico. El teléfono prestará servicio en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. Las consultas que se deseen hacer de manera telefónica serán atendidas directamente por el abogado designado para cada día, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. El Colegio de Abogados de Badajoz ha puesto tres números a disposición: 924590705, 924590706 y 924590707 y el Colegio de Abogacía de Cáceres es 672159026.
El consejero Martín Castizo ha valorado el acuerdo: "Esta medida es un compromiso del Gobierno presidido por María Guardiola para defender los derechos de las familias, y que no se va a poner de perfil ante un problema que, solo el pasado año, afectó a más de un centenar de ciudadanos extremeños". También explica cómo afecta este fenómeno al mercado: "La ocupación ilegal provoca inseguridad en la población, además de distorsiones en el mercado de la vivienda".
¿Cuándo entra en vigor?
La Junta de Extremadura, que explica que "este servicio está concebido para poder informar a los propietarios afectados por esta cuestión", ha anunciado que entrará en vigor 30 días después del anuncio, es decir, el 2 de julio. El convenio tiene una duración de un año y podrá prorrogarse anualmente, hasta un máximo de dos años. Los letrados también se manifestaron tras el acuerdo: "Nosotros no podemos atajar o tratar la otra cara, que es la humana o social que corresponde a la Administración, pero que son dos caras que deben ir cogidas de la mano".
Así afecta la okupación a Extremadura
En el año 2024 se registraron en Extremadura 145 casos de allanamiento o usurpación de bienes, 104 hechos fueron denunciados por personas que se han sentido víctimas o perjudicadas y se procedió a la detención de 24 personas. Durante el pasado año se desokuparon 92 viviendas que se encontraban okupadas. El dato más llamativo es que 87 de ellas fueron recuperadas gracias a las negociaciones de las trabajadoras sociales de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y solo cinco mediante el desalojo tradicional.
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