El CES exige una “prestación universal de crianza” para acabar con la pobreza infantil

El presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, ha calificado la pobreza infantil como “la lacra más lacerante” del país, con un impacto social y económico devastador. Durante una jornada en Murcia con motivo del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, Costas presentó el informe “Derechos, calidad de vida y atención a la infancia”, donde se analizan las condiciones de vida de los menores en España y se proponen soluciones urgentes.

Costas destacó que España, siendo la cuarta economía de la Unión Europea, registra una tasa de pobreza infantil del 33%, la más alta del continente. Esto implica que uno de cada tres menores vive en situación de pobreza severa, una situación que no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también compromete su futuro. Según el CES, los primeros años de vida, especialmente entre los 0 y los 3 años, son determinantes para el desarrollo laboral y personal en la adultez.

El impacto no se limita al ámbito social: el hecho de tener un tercio de la población infantil en situación de pobreza severa supondrá una pérdida del 5 por ciento del PIB nacional, unos 60.000 millones de euros, por la pérdida de ingresos laborales de esas personas, que en la vida adulta no tendrán empleo u ocuparán trabajos precarios.

Una solución urgente: prestación universal de crianza

Como respuesta, el CES ha recomendado la creación de una "prestación universal de crianza", una ayuda económica para todas las familias con niños pequeños, sin condiciones previas. Este tipo de prestación ya es una realidad en la mayoría de los países de la Unión Europea, y Costas subrayó que España, como una de las economías más avanzadas, no debería ser una excepción.

Aunque no se ha especificado el coste exacto de esta medida, por entender que se trata de una decisión política, el CES considera que el Estado dispone de recursos suficientes para garantizar una ayuda que cubra los costes reales de la crianza, al tiempo que eliminaría las barreras de acceso que existen con las ayudas actuales. Como ejemplo, Costas menciona que el complemento de crianza del Ingreso Mínimo Vital no llega a 8 de cada 10 familias que podrían beneficiarse de él.

Un desequilibrio en el gasto social

En su opinión, en el sistema actual, hay un importante “desequilibrio” entre los fondos que se destinan a cubrir las necesidades de la población anciana, que sí tienen bien atendidas sus necesidades, frente a la enorme carencia de la cobertura de la crianza. Costas aboga por una redistribución más equilibrada que priorice el bienestar de los niños, considerando que el apoyo a la infancia es una inversión a largo plazo en la sociedad.

Medidas ya puestas en marcha en Murcia

La consejera murciana de Política Social, Conchita Ruiz, destacó durante la jornada que su departamento está trabajando en una nueva Ley de Infancia, diseñada para reforzar la protección de los menores en la región. Esta normativa actualizará la legislación de 1995 con medidas más integradoras y participativas, basadas en las necesidades reales de la infancia.

La ley aunará muchas de las medidas ya puestas en marcha en la comunidad autónoma para proteger a los niños, entre las que ha destacado la renta básica de inserción, a la que se destinan 8 millones de euros anuales y que beneficia a un millar de familias y, directamente, a 772 menores en riesgo de exclusión.

También se ha puesto en marcha un sistema de tarjetas monedero del que se benefician actualmente unas 2.500 familias vulnerables con hijos menores a cargo, a las que se suman las ayudas de emergencia social dependientes de los ayuntamientos.

Asimismo, la comunidad autónoma dispone de más de 7.000 plazas gratuitas de educación infantil así como un sistema de atención temprana gratuita para menores con dificultades de desarrollo de 0 a 6 años, entre otras medidas.