Ciudades españolas se rebelan contra la Zonas de Bajas Emisiones

Gijón fue la pionera, pero su ejemplo está siendo seguido por otras capitales importantes como Valladolid, Castellón, Elche o Murcia. Sus corporaciones se están planteando la legalidad de coartar la libertad de movimientos a los automovilistas que no puedan adquirir automóviles con etiqueta Cero. Y sus decisiones están siendo avaladas por sentencias de los tribunales.

Las recientes elecciones municipales celebradas el 28 de mayo determinaron que la mayoría de las grandes poblaciones españolas pasaran a ser gobernadas por corporaciones del Partido Popular. Y algunos de estos ayuntamientos se están planteando la eliminación de las restricciones de circulación en las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que impiden la circulación a los vehículos con etiquetas Eco o Cero. Algo que crea muchos problemas tanto a residentes como a profesionales, autónomos y empresarios que necesitan entrar en estos barrios por motivos profesionales.

La iniciativa en este sentido la tomó hace unas semanas el Ayuntamiento de Gijón. Carmen Moriyón, de Foro Asturias, que gobierna esta ciudad asturiana junto con concejales del PP y Vox, ha modificado las ordenanzas respecto a las ZBE de esta ciudad de manera que todos automóviles, independientemente de la etiqueta que luzcan en su parabrisas, puedan circular por todos los rancies de la villa.

El ejemplo de Gijón se ha extendido rápidamente y amenaza con desactivar la puesta en marcha de este sistema, en principio impuesto por la Unión Europea, pero que deja libertad de funcionamiento a las corporaciones locales de las poblaciones con más de 50.000 habitantes. De esta forma, ya son muchos los Ayuntamientos que, a las pocas semanas de constituirse, tienen dentro de sus planes de gobierno la revisión de las normas de circulación de la ZBE ya que atenta contra la libertad de movimientos de sus ciudadanos.

Es el caso, por ejemplo, de capitales tan importantes como Valladolid, Castellón, Elche y varias ciudades más. En Valladolid, las fuerzas gobernantes, que son el Partido Popular y Vox, firmaron un documento por el cual se comprometen a modificar la ordenanza municipal de puesta en funcionamiento de las ZBE para que la normativa no limite los derechos de los habitantes de su ciudad. Los dos mismos partidos tomaron una postura similar en Elche, donde no se limitará el tráfico en el casco histórico y en sus alrededores. Un caso parecido podría darse en Murcia, donde el Ayuntamiento formado asimismo por estos dos partidos estudia en estos momentos no incluir en las ZBE de la ciudad a arterias importantes como la Gran Vía o la Avenida de la Constitución.

Estas han sido las poblaciones que han tomado la iniciativas, pero el ejemplo parece que podría extenderse por toda España, ya que la justicia ha dado muchas veces la razón a los que se oponen a estas restricciones. Incluso en las dos grandes capitales españolas, Madrid y Barcelona, se han dado ya sentencias firmes de los tribunales de justicia que han supuesto la cancelación de algunas zonas restringidas o la modificación del sistema de funcionamiento.

Origen y aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones

Las llamadas Zonas de Bajas Emisiones son una recomendación de la Unión Europea. Pero estaba en la mano de cada Gobierno nacional su forma de aplicación. En España, Pedro Sánchez ordenó a la DGT el establecimiento de esta norma que se aplica siguiendo el invento de las etiquetas en función de la edad y la motorización de cada vehículo. Y decretó asimismo el gobierno socialista que afectara a las poblaciones de más de 50.000 habitantes, si bien los Ayuntamientos pueden regular el cumplimiento de la norma.

La disposición del Gobierno socialista ha supuesto el caos en muchas ciudades españoles y ha limitado las libertades de millones de ciudadanos, ya que se calcula que ha dejado fuera de la circulación a más de ocho millones de automóviles, que se ven imposibilitados en su acceso a muchas zonas de su propia ciudad, con el peligro de multas de 200 euros o más si, por error, entran en estas zonas. En total, son concretamente 149 poblaciones españolas las que cuentan con más de 50.000 habitantes y que tendrán que imponer, por esta disposición, las ZBE. Aunque, como está empezando a ocurrir, pueden evitar la aplicación de esta polémica norma.

Mientras, los ciudadanos no saben cuál es el estatuto de cada ciudad y puede darse el caso de que ciudades contiguas tengan horarios de circulación y reglamentaciones diferentes, por lo que pueden incurrir en multas por desconocimiento de la norma. Un caos que además está afectado a las clases económicamente más desfavorecidas, que no tienen economías suficientes para poder comprarse un coche nuevo con motores eléctricos o híbridos, que son más caros que los de combustión interna.

El invento de las ZBE por parte de la Unión Europea persigue la implantación a medio plazo de las motorizaciones eléctricas en un intento de reducir las emisiones de gases contaminantes hasta llegar a cero en el año 2050. Un objetivo que parece imposible de conseguir, entre otras cosas porque el transporte rodado solo supone alrededor del 15% de las emisiones de efecto invernadero que se producen cada día.