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El Gobierno estudia prohibir los móviles en las aulas

Cataluña rechaza la idea y considera que el uso pedagógico del teléfono es positivo

  • Isabel Celaá en la Comisión de Educación y Formación Profesional en el Congreso/Foto: Alberto R. Roldán
    Isabel Celaá en la Comisión de Educación y Formación Profesional en el Congreso/Foto: Alberto R. Roldán

Tiempo de lectura 8 min.

07 de septiembre de 2018. 20:20h

Comentada
Olivia Alonso y Pilar Rodríguez Veiga.  7/9/2018

El Gobierno estudia la posibilidad de prohibir el uso de los móviles en los centros educativos, siguiendo los pasos de la ley aprobada para este curso en Francia, con el objetivo de disminuir la adicción digital de los estudiantes.

Lo ha asegurado la ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, en una entrevista con Efe, en la que ha manifestado que, de momento, está encontrando "posturas fuertemente enfrentadas" sobre si los móviles deben entrar en los colegios o no.

Celaá (Bilbao, 1949) también ha adelantado su intención de descargar de contenido los currículos, con el fin sustituir el actual sistema de memorización por otros que activen más el aprendizaje.

- La vuelta al cole en Francia conlleva la prohibición del uso de móviles hasta los 15 años en los centros. ¿Se plantea el Gobierno una iniciativa similar?

- Es una cuestión interesante y a estudiar porque tenemos demasiados adolescentes muy adictos a la tecnología. Hay que reflexionar sobre si el tiempo escolar debe estar libre de esa adicción.

Hemos encontrado opiniones fuertemente encontradas. Lo vamos a estudiar con expertos.

En algunos casos el móvil ayuda -no suelen llevarlo a los exámenes, solo faltaba-, pero si prohibirlo en los centros sirve para disminuir la adicción digital, merece la pena valorarlo.

- ¿Cree que es necesario homogeneizar el calendario escolar por comunidades?

- Es irrelevante homogeneizar el inicio del curso en todas las comunidades. Creo en el café con distintos tipos de azúcar y, además, servido de manera diferente. No me parece que ahí radique ningún elemento de cohesión de Estado sustantiva.

Las comunidades se organizan y mantienen sus singularidades y hacen el inicio del curso cuando lo tienen pactado.

- Ha comentado en el Congreso su intención de rebajar el contenido de los currículos. ¿Por qué?

- El desafío de la educación en 2018 no es aumentar aquellos contenidos cuyo aprendizaje es memorístico, para ello ya tenemos Google y las redes. Queremos incorporar elementos que requieran al alumnado un proceso de aprendizaje para hacer significado, una escuela más flexible, moderna, que sepa hacer que el estudiante aprenda aprendiendo, a tener destrezas y desarrollarse en el mundo en el que le va a tocar vivir, distinto de aquel en el que está aprendiendo.

Hacer clases más prácticas y conectadas con la vida real, que son, en definitiva, los requerimientos que muchas veces establece Pisa.

- Los expertos en salud alertan de una caída de la actividad física de la población. ¿Hay que aumentar el número de horas de actividad física en los colegios?

- Estudiaremos qué hacer para combatir la obesidad y para que la dieta en los colegios sea muy equilibrada.

- La postura del Gobierno con la educación concertada parece preocupar. ¿Hay motivos?

- Rotundamente no. El Gobierno es garante de la calidad del sistema educativo en su conjunto y sabemos que está compuesto por la red pública y por la concertada y privada. No se van a suprimir conciertos.

Eso no es óbice para afirmar que el sistema público es el que tiene la responsabilidad primera, la obligación de atender el derecho fundamental a ser educado.

Esto de ninguna manera es merma para la educación concertada.

También decimos que ha habido administraciones (y esto no tiene que ver con la concertada) que han abusado de los términos de una ley (Lomce) para usos que no han sido muy adecuados para la educación ni respetuosos con las condiciones de equidad.

El artículo 109 de la Lomce sustituyó por "demanda social" lo que la LOE decía sobre la obligación que tienen las administraciones de garantizar la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.

Y los que tendrían que acudir en primer lugar sería el poder público. No se puede dejar al albur de alguien espontáneo que llega y pone una academia.

Hay que acordar otro contenido para ese artículo para evitar abusos.

- ¿Va a convocar la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada que no se reúne desde 2011?

- Si, ya la convocaremos; no tenemos ningún problema con la educación concertada.

- ¿Ha abierto ya un diálogo con los centros concertados que segregan por sexo como dijo que haría?

- He hablado con algunas personas informalmente, pero este tema está inconcluso.

La segregación por sexo es una modalidad de segregación desde nuestro punto de vista, no desde la perspectiva del Constitucional, que considera que entra dentro de la capacidad de un centro para marcar su ideario y lo tenemos que respetar.

Pero hay otras discriminaciones que nos preocupan más porque a veces se presentan con más intensidad, como lo relativo a la diferencia entre los alumnos por sus estructuras sociales.

- ¿Va a reactivar los trabajos para un Pacto de Estado por la Educación?

- La idea es utilizar algunos de los trabajos realizados, pero es que son muy dispersos.

En la Subcomisión del Congreso hubo un montón de comparecencias a las que hay que buscar el común denominador. Hay un grupo buceando en ellas.

Además, que las fuerzas políticas estén de acuerdo será difícil por cómo están dispuestas en este momento en el Parlamento; muchas consideran imposible el encuentro entre ellas.

- Ha presentado un anteproyecto para revertir recortes educativos, ¿harán otras modificaciones en la Lomce?

- Estamos abordando una modificación de la Lomce que pretendemos que entre en el Consejo de Ministros antes de Navidad para llevarla al Congreso. Ha de abordar los puntos que han sido estimados como más vulneradores del derecho de la igualdad.

Entre ellos, el tratamiento que se hace de la Secundaria, una etapa crucial de la educación. La Lomce la estructuró en dos vías, la académica y otra más vocacional para los que no pueden seguir la corriente general de las enseñanzas a los que proporciona alternativas de bajo nivel educativo.

Proponemos un camino muy diversificado de la persona, con pasarelas de ida y vuelta.

El impulso estratégico que queremos dar a la FP va a ayudar a esto. No queremos lugares en los que depositemos a los alumnos sin que apenas tengan posibilidades de salida.

-¿Van a replantearse los Acuerdos con la Santa Sede sobre la oferta obligatoria de las clases de religión como ha defendido el PSOE?

- Me parece muy interesante la perspectiva ideológica de una fuerza política en la oposición, que tiene que trabajar con una perspectiva, y en el Gobierno, que debe saber conjugar las mayorías porque gobierna para ellas.

Lo que vamos a hacer es establecer una religión que no tenga asignatura espejo, porque con este modelo solo quedaba en España y en Serbia y mantenemos la oferta de libre opción. Pero sus resultados no pueden concurrir al mismo nivel con los de otras materias como matemáticas y no contará para la nota media ni para becas ni para entrar a la universidad porque eso es insensato.

- ¿El MIR educativo está en la agenda del ministerio?

- Nos sigue gustando pero vamos poco a poco. Supone una revisión profunda de todo lo que afecta a la profesión. Ahora estamos en lo más urgente.

- ¿Qué planes tiene para combatir el acoso escolar?

-Activaremos el Observatorio de la convivencia para estudiar detenidamente el fenómeno; es un tema crucial y dramático que puede fastidiar la vida a muchachos de corta edad.

Se han incrementado las denuncias pero porque afortunadamente hay más sensibilidad. Los centros tienen que poner todas las antenas para evitar que esto suceda.

Tras conocer esta decisión, el conseller de Educación, Josep Bargalló, ha afirmado hoy que la Generalitat rechaza la prohibición de los móviles en las aulas, como ha planteado el Gobierno, al considerar que su uso con fines pedagógicos es positivo, ya que no se puede dar "la espalda" a los "avances tecnológicos".

En declaraciones a los periodistas en Ripoll (Gerona), Bargalló ha recordado que el Consejo Escolar de Cataluña dictaminó en 2015 que "el uso de móviles por motivos didácticos y pedagógicos es positivo", por lo que, en esta comunidad, es cada centro docente el que debe decidir su uso y regulación en las aulas.

Según el conseller, su departamento está de acuerdo con el dictamen del Consejo Escolar y considera que el uso del teléfono móvil en clase es positivo y debe ser "regulado y determinado" por cada centro docente, por lo que son contrarios a "prohibirlos", como plantea el Gobierno.

"No se puede dar la espalda a los avances tecnológicos", ha subrayado el conseller, que ha remarcado que los móviles se pueden usar para "mejorar" las escuelas.

Tras resaltar que la Generalitat ya valoró y rechazó la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas en 2015, tres años antes de la propuesta del Gobierno, Bargalló ha indicado: "en Cataluña a veces somos gente más avanzada en algunas cosas".

Al ser preguntado por qué pasaría si el Gobierno aprueba esta medida, Bargalló se ha limitado a apuntar que el ejecutivo catalán tiene las competencias en enseñanza en Cataluña, sin concretar más en su respuesta.

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