Estos son los vehículos que no pagarán peaje en la Unión Europea hasta 2031

La brecha entre las aspiraciones de Bruselas y la realidad del asfalto es todavía abismal. Mientras la Unión Europea se ha fijado el ambicioso objetivo de que el 35 % de los vehículos pesados sean eléctricos para 2030, el panorama actual dibuja una cifra mucho más modesta: apenas un 3,5 % de la flota funciona con esta tecnología. Una diferencia casi insalvable que evidencia los enormes obstáculos que aún persisten.

De hecho, el principal escollo para la electrificación del transporte pesado sigue siendo el mismo: el elevado coste de adquisición. Un camión eléctrico continúa siendo mucho más caro que su equivalente diésel, lo que convierte la inversión inicial en una barrera económica considerable para la mayoría de las empresas de logística, que necesitan incentivos claros para dar el salto.

En este contexto, la Unión Europea ha decidido mover ficha y prorrogar una exención clave en los peajes para los camiones eléctricos, que debía finalizar en 2025. La nueva fecha límite se extiende ahora hasta el 30 de junio de 2031, ofreciendo a las compañías casi seis años de margen para planificar su transición hacia flotas no contaminantes con un horizonte más despejado.

Sin embargo, la directiva comunitaria deja la decisión final en manos de cada gobierno, lo que ha creado un mosaico de políticas desiguales. A día de hoy solo dos países ofrecen gratuidad total en sus autopistas, mientras que otros diez aplican descuentos de diversa índole. Este escenario dibuja un mapa europeo muy fragmentado donde la voluntad de Bruselas choca con la soberanía nacional.

España, a la cola de los incentivos para el transporte verde

Precisamente, nuestro país se encuentra en ese numeroso grupo de quince naciones que no ofrecen ninguna ayuda específica en este sentido. La consecuencia es directa y desincentivadora: un transportista español que invierta en un camión eléctrico pagará exactamente el mismo peaje que si condujera uno diésel, eliminando de un plumazo uno de los principales atractivos económicos para modernizar el sector.

Por tanto, la flexibilidad que otorga la normativa europea termina por dinamitar en la práctica el propio propósito de la medida. Al no existir una política común y contundente, la exención de peajes pierde su fuerza como palanca de cambio en muchos territorios, dejando en el aire una ventaja económica crucial y complicando aún más un camino hacia la descarbonización que ya se antojaba largo y difícil.