El Gobierno aprobará ayudas para 130 víctimas de la talidomida, el fármaco causante de malformaciones en el embarazo

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un decreto de ayudas económicas para 130 víctimas de la talidomida, un medicamento que se comercializó en los años cincuenta y principios de los sesenta como calmante de las náuseas en los primeros meses de embarazo y que provocó miles de casos de malformaciones en los bebés. Según el departamento que dirige Ione Belarra el decreto "busca hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo".

Poco después de la introducción del fármaco en el mercado, se produjo una explosión de casos de niños nacidos con focomelia y otras alteraciones genéticas graves, como la ausencia de extremidades superiores e inferiores, malformaciones de órganos internos o alteraciones auriculares y visuales. La comercialización de medicamentos con talidomida fue prohibida en España mediante la orden ministerial de 18 de mayo de 1962.

Hasta la fecha, solo 24 víctimas habían recibido ayudas, gracias a una disposición que se incluyó en los Presupuestos Generales de 2009. Sin embargo, este intento de reparar a las víctimas se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de los afectados. Por ello, ahora para determinar las ayudas se han realizado más de 600 análisis complejos. En el proceso, según explica el Ministerio de Derechos Sociales, han participado genetistas del Sistema Nacional de Salud, sin la colaboración de la industria farmacéutica ni de empresas privadas, y han diseñado un panel de genes único en el mundo.

El Instituto Carlos III de Madrid evaluó a los afectados e hizo el censo y el protocolo para las ayudas, cuyo importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al fármaco. Por ejemplo, y para una persona con un 33 % de discapacidad, la ayuda ascenderá a 396 000 euros en un pago único, a razón de 12 000 euros por cada punto fijado en el protocolo, y según fue establecido en una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. La reparación económica podrán solicitarse desde la publicación del decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), que representa a más de la mitad de los afectados que recibirán las ayudas, se reunió hace mes y medio con representantes de la Fiscalía para pedir la apertura de una investigación por si cabía prevaricación del Gobierno al no haberse concedido aún las ayudas tras su aprobación en los Presupuestos hace cinco años.