Ocho de cada cien personas en España viven con menos de 644 euros al mes

En España, el territorio constituye un factor importante de desigualdad, que se mantiene de forma estructural y se ve reflejado en la mayoría de los indicadores de pobreza. Esto hecho se debe a algunas variables demográficos, pero también a las políticas públicas que se implementan en las diferentes comunidades autónomas. Esta es una de las conclusiones principales del capítulo ‘Pobreza y Territorio. Comunidades Autónomas y Unión Europea’ del XV Informe 'El Estado de la Pobreza en España' de EAPN-ES, publicado este jueves por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

Según el Informe, el riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa Arope) se redujo en el último año del 26,5 % al 25,8 % de la población, unos 12,5 millones de personas (200.000 menos), la cifra más baja desde 2014. Para EAPN-ES se trata de una reducción importante, que refleja la apuesta por políticas sociales de estos últimos años, pero alertan frente a unas cifras que desde 2014 no han logrado bajar del 25 % de la población. Es decir, al menos 1 de cada 4 personas en nuestro país se ha mantenido en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la última década.

De hecho, estos datos varían en función del territorio, con tasas de pobreza regionales que duplican la media estatal y una clara brecha norte-sur que se mantiene constante con los años. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia presentan los mayores porcentajes de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Preocupan casos como Navarra, Comunitat Valenciana o Castilla y León, que arrastran un empeoramiento de las cifras varios años consecutivos.

Por otro lado, aunque se haya constatado el impacto positivo de las políticas sociales aprobadas frente a las últimas crisis, la mejora no está alcanzando la intensidad suficiente para proteger a la población que vive en condiciones más precarias, como evidencian las cifras de pobreza severa, que empeoraron en 2024: ocho de cada cien personas en España viven con menos de 644 euros al mes.

En este sentido, es importante señalar que, en las regiones con mejores datos como País Vasco, Navarra o Islas Baleares, aunque la pobreza alcance a menos personas, lo hace con intensidad notable: más del 45% de las personas en riesgo de pobreza en estos territorios viven con menos de 644 € al mes.

El papel del Estado

Según el Informe de EAPN-ES, el carácter estructural de la pobreza en nuestro país y en las CCAA es una muestra de cómo el mero crecimiento económico no es suficiente para reducir la desigualdad. La mejora de los datos macroeconómicos que se viene dando los últimos años no revertirá de forma efectiva en la calidad de vida de la población si no se orienta a fomentar la inversión social y el papel protector del Estado, con políticas que refuercen la cohesión social y territorial. Y, por supuesto, con un sistema fiscal progresivo más justo que aumente la capacidad redistributiva.

De hecho, como ya se vio con los datos estatales del Informe, el aumento del PIB en las CCAA y la creación de empleo no consiguen mejorar las cifras de pobreza de un modo proporcional. Esta situación se refleja claramente en regiones como Canarias, Comunitat Valenciana o la Comunidad de Madrid. En el caso madrileño, aunque registra una de las rentas medias por persona más altas del Estado (€17.275) y presenta un PIB per cápita muy elevado, es una de las regiones más desiguales: el 20 % más rico de la población gana 5,5 veces más que el más pobre. Es imprescindible una mayor redistribución y mejorar la calidad del mercado laboral y de los sistemas de garantía de renta.

En este contexto, una de las aportaciones clave del Informe es el análisis del papel protector del Estado. En 2024, las ayudas y prestaciones sociales*, incluidas las pensiones, evitaron que 11,1 millones de personas entrara en situación de pobreza en nuestro país. Pese a esto, en la comparativa por CCAA, la capacidad de las transferencias de las Administraciones para reducir la desigualdad viene determinada por la inversión social que lleve a cabo cada región, con diferencias muy notorias. Por ejemplo, Murcia, Asturias y Canarias parten de situaciones de vulnerabilidad semejantes, y tendrían tasas de pobreza sin transferencias muy similares (entre 47 % y 48 %); pero gracias a las prestaciones sociales, Asturias registra una tasa de pobreza del 15,6 %, mientras que Murcia alcanza el 26,0 % y Canarias el 24,6 %.

La vivienda

La crisis de la vivienda se ha situado como una de las principales preocupaciones de la población en España, y constituye también un factor importante de pobreza que aumenta las desigualdades existentes en las CCAA.

El incremento de los precios se evidencia sobre todo en los alquileres, cuyo gasto medio mensual ha subido un 39,3 % a nivel estatal entre 2014 y 2024, casi el doble si se compara con la cuota hipotecaria (sube un 20,1 %). Este incremento se agudizó en Illes Balears (+77,6 %) y en Canarias (+68,1 %) que, junto a la Comunidad de Madrid, Catalunya y la Comunitat Valenciana, son las regiones donde vive un mayor porcentaje de población con gasto elevado en vivienda (40 % o más de la renta), por encima de la media estatal.

Pobreza infantil

El capítulo del Informe publicado por EAPN-ES incluye también una comparativa de los indicadores de pobreza a nivel europeo. En este sentido, España se sitúa por encima de la media de la Unión Europea (UE) en todos los indicadores de pobreza, exclusión y desigualdad, y es el cuarto Estado con mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, solo por detrás de Bulgaria, Rumanía y Grecia. Preocupa especialmente la tasa de pobreza infantil, la más alta de la UE, con 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza.