"Nosotros siempre insistimos en queestamos dispuestos a considerar aquellos que tengan un título jurídico, porque si no, estamos legalizando las okupaciones". Esa fue la contundente afirmación de José Luis Ábalos a Nadia Calviño en uno de los audios filtrados en relación a la idea de Esquerra y Podemos sobre las ocupaciones ilegales años atrás. Sin embargo, en pleno 2025 siguen repitiéndose casi diariamente casos por toda España.

Además, el gran problema es la inquiokupación, es decir, los inquilinos morosos que muestran un contrato, que en muchas ocasiones es incluso falso. En ese caso no se considera ocupación delictiva y aquellos vulnerables están protegidos por el Real Decreto-ley 11/2020, extendido hasta finales de este 2025, que impide el desahucio de toda persona vulnerable sin alternativa habitacional. Esto provoca que se acaben dando situaciones prácticamente surrealistas como la que narraba el propietario Joaquim Álvarez en RAC1.

Todo empezó por problemas con la hipoteca

Joaquim puso su casa, ubicada en Gaudí Reus Golf Club, el antiguo club de golf Aigüesverds, en alquiler en el año 2019 porque sus recursos apenas le alcanzaban para pagar la hipoteca. Por ello, junto a su esposa y a sus tres hijos decidió marcharse a una masía. El objetivo era poder afrontar la hipoteca sin tantas dificultades como hasta el momento, pero muy pronto empezaron los problemas. La familia que alquiló el piso también tiene tres hijos y lo hizo por un periodo de tres años.

Tras el primer año, comenzaron los retrasos: "Cada vez pagaban más tarde", afirmó el propietario. Todo estalló en 2021: "A principios de 2021 dijeron que no podían pagar". También explicaba el propietario que utilizaron excusas como la pandemia o una crisis de pareja para no ejercer los pagos acordados. Ante esta morosidad, el propietario decidió no renovar el contrato, que expiró en 2022. Sin embargo, se encontró con la negativa de los hasta entonces inquilinos a abandonar la vivienda.

Pesadilla para unos... vida de lujo para otros

Desde 2021 y especialmente 2022 con la finalización del contrato, la familia del propietario vive una auténtica pesadilla. Salieron de la casa para poder afrontar la hipoteca y ahora ni la disfrutan ni cobran por ella. Los impagos no son cosas de un día: "Hace más de tres años que no cobro", explicaba Joaquim. Mientras tanto, sus inquiokupas viven una vida de lujo: "Se hicieron socios del club de golf este verano, iban a la piscina, comían en el restaurante… uno de los hijos hacía clases de golf".

Impagos y una multa de 5.000 euros

La pesadilla no acabó ahí para Joaquim y su familia. Todo fue a peor cuando encontró su casa publicada en una conocida página de alquiler turístico. No es algo nuevo ya que la vivienda cuenta incluso con reseñas, lo que confirma que ha sido realquilada a espaldas del propietario y sin licencia. Sin embargo, el problema no es el alquiler en sí, sino que al hacerlo sin licencia de piso turístico el propietario ha recibido una multa de 5.000 euros por parte de hacienda, que retiene 500 euros de su nómina de los tres últimos meses.

Todo esto mientras que los okupas no pueden ser desalojados por tener el certificado de vulnerabilidad, expedido por el Ayuntamiento de Reus. Àngels Granados, jefa del servicio de Bienestar en el consistorio, se lava las manos y se declara incompetente para analizar si los datos que llevan a la vulnerabilidad son reales: "No somos inspectores de Hacienda, policías ni jueces". Joaquim no solo está asfixiado económicamente, además está olvidado por las autoridades.