Perreras clandestinas: en el otro «corredor de la muerte»

LA RAZÓN continúa la recogida de firmas que llevará al Congreso para intentar acabar con decenas de miles de muertes de perros y gatos al año en España. El formulario, que se puede rellenar y enviar de forma gratuita, a partir de hoy estará disponible cada día en páginas interiores

En España se calcula que hay más de 300 perreras o centros de recogida de animales con la autorización administrativa como para ser reconocidos como «núcleo zoológico», pero por cada uno de estos centros que reúnen los mínimos sanitarios que permiten la estancia de animales, existen cinco ilegales. Estaríamos hablando de unos 1.500, muchos de los cuales mantienen a los animales sin el más mínimo aseo, sin suficiente agua ni alimentos, encerrados en cheniles entre sus propios excrementos e incluso muchos de ellos sin ver la luz. En estas condiciones encontró el febrero pasado la Guardia Civil a medio centenar de animales en una perrera de Chiclana (Cádiz). Otro caso reciente es el de la protectora Parque Animal, a la que el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) le otorgó la concesión del servicio de recogida, transporte y albergue de animales perdidos y abandonados en el municipio. Allí se provocó la muerte de más de 2.000 canes en tan sólo dos años, que eran sacrificados de la forma más cruel, «en auténticas sesiones de exterminio». Cuando llegaba la hora del sacrificio, se suministraba a los animales productos eutanásicos de forma incorrecta –con dosis menores, para ahorrar costes–, lo que provocaba «una lenta y dolorosa agonía en los perros». La presidenta, Carmen Marín, se aprovechaba de esta actividad para su lucro personal. Ha sido condenada a tres años y nueve meses de prisión por maltrato animal y falsedad documental.

En España se calcula que cada año son abandonados más de 140.000 animales, según los cálculos de la Fundación Affinity, y son los ayuntamientos, según una Real Orden Circular de 1 de junio de 1927, los que tienen la competencia sobre la recogida de perros vagabundos. Éstos cuentan con perreras propias, mancomunadas, o bien ceden el servicio a protectoras o empresas que se encargan de la gestión del servicio de recogida y mantenimiento de los animales. La normativa prohíbe expresamente el empleo de «estricnina y otros venenos que determinan una muerte con grandes sufrimientos y dan ocasión a abominables escenas en la vía pública impropias de pueblos civilizados».

La realidad es que un perro abandonado puede suponer un coste para una perrera municipal de entre dos y tres euros diarios. Cualquiera puede dejar uno en sus instalaciones sin necesidad de dar explicación alguna. Tampoco es necesario el pago de ninguna tasa si una persona no es capaz de hacerse cargo del animal. Cuando el abandono se ha producido en la vía pública, es el servicio de recogida de animales el que se encarga de trasladarlo a las instalaciones de la perrera. «Cada ayuntamiento debe gestionar la recogida, entrega y eliminación de los animales perdidos y abandonados cuando transcurrido un tiempo prudencial, entre 10 o 15 días, no han sido adoptados», explica Pedro Montaldo Soto, agente del Seprona y criminólogo, en un informe elaborado sobre perreras en España. A partir de ese periodo, los animales pueden ser sacrificados. No obstante, la esperanza de vida en una perrera depende del número de ocupantes. «Los primeros a los que “duermen” –el eufemismo con el que ciertas protectoras prefieren referise a la eutanasia canina– son los perros considerados potencialmente peligrosos, los que el veterinario estima que tienen más dificultades para vivir en un hogar por su conducta, los que nadie quiere porque el seguro es más caro o por desconocimiento sobre cómo ha sido la crianza de esos animales que podrían representar un riesgo para una familia con niños. Son candidatos a una muerte segura también los de avanzada edad o los que sufren enfermedades traumatológicas o leishmania, por poner algunos ejemplos. Lo máximo que se inyecta a un animal es un antiinflamatorio, si ha sido víctima de un accidente de tráfico», explican desde la asociación Una Vida Nueva, de Marbella.

«La comida es igual para todos, pero puede que en una jaula haya tres o cuatro juntos, de manera que sólo come el más fuerte. La limpieza de los residuos se hace con una manguera y una vez a la semana,o cada diez días, se sacrifica y posteriormente incinera a los animales. Hay perreras que tienen su propia incineradora y, en otras ocasiones, los cadáveres van a parar a un congelador hasta que un furgón los traslada a una fosa común donde se entierra a caballos o todo tipo de animales muertos», detalla Adriana Ruiz, de la Asociación Málaga Cero. «Lo habitual es que el municipio presupueste una cantidad anual para el funcionamiento de la perrera, pero en el caso de la protectora Parque Animal, cuya presidenta ahora está en prisión, facturaba al Ayuntamiento de Torremolinos kilos de carne de animal muerto», añade.

Se estima que casi la mitad de los perros salen de estos «corredores de la muerte» caninos gracias a los «rescates» de las protectoras y, en menor proporción, por las adopciones de particulares. El coste por retirar a un animal de una perrera municipal oscila entre los 100 y los 250 euros, dependiendo del ayuntamiento que se trate. «Éstos permiten que las protectoras se lleven a los animales de las perreras municipales, como mínimo, identificados, vacunados y desparasitados con un compromiso de esterilización. Cuando es la protectora la que gestiona el tratamiento veterinario de los animales, se pueden aplicar descuentos de hasta el 50% de los precios públicos, descuento que no repercute en la entrega del animal en adopción, con lo cual esos beneficios también repercuten como “donativos a la asociación”», describe en su estudio Montaldo.

El agente de la guardia civil con destino en el Pacprona de Cádiz asegura que, precisamente, la mayoría de estas perreras clandestinas «se encuentran gestionadas precisamente por protectoras de animales, animalistas y personas afines que se dedican a la recuperación de animales que supuestamente van a ser sacrificados en las perreras oficiales y que solicitan donativos para salvarlos de una muerte segura». «Con la convicción de que pueden salvar el mayor número posible de animales todo vale, pero muchas veces carecen de la autorización que permite su funcionamiento como núcleo zoológico», subraya el especialista.