La Policía Nacional libera a 12 mujeres explotadas sexualmente en Madrid

La Policía Nacional ha liberado a 12 mujeres, entre ellas una menor de edad, y ha desmantelado dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual y al tráfico de drogas en Madrid. Los agentes han detenido a 16 personas por obligar a estas mujeres a ejercer la prostitución en condiciones precarias, de forma permanente y controladas por videovigilancia. La Policía Nacional ha registrado cuatro domicilios de la capital y tres inmuebles del Corredor del Henares, donde ha intervenido una gran variedad de sustancias estupefacientes, medicamentos listos para su distribución, dos vehículos y casi 30.000 euros en efectivo.

En noviembre, los agentes comenzaron la investigación tras conocer que una menor de edad estaba siendo retenida en un domicilio de la capital. Gracias a informaciones recibidas a través del teléfono de denuncia de trata de seres humanos, los agentes pudieron acreditar que en este inmueble residían hasta seis mujeres, todas ellas obligadas a ejercer la prostitución en condiciones precarias y vigiladas de forma permanente con las cámaras repartidas por las distintas habitaciones. También eran obligadas a traficar con sustancias estupefacientes.

Las pesquisas revelaron que esta organización captaba a las mujeres en discotecas de Madrid con la promesa de darles un empleo como modelos en fiestas privadas o en redes sociales. Los criminales ofertaban a las mujeres en página web de contenido sexual. La red criminal se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de estas mujeres, algunas de ellas están en España en situación irregular. Esta organización fue desmantelada el pasado 24 de marzo con tres registros en Madrid que ayer hizo públicos la Policía Nacional.

Una segunda organización criminal que operaba en el Corredor del Henares fue desmantelada semanas después. Este grupo delictivo creó una red de trata de mujeres captando a sus víctimas en Sudamérica y las trasladaban a Madrid para explotarlas sexualmente en tres domicilios. Una vez en la capital, las falsas promesas se convertían en una pesadilla para las víctimas, a las que los criminales les imponían una deuda de 4.000 euros para subsanar los costes del viaje a España. Con la excusa de ir devolviendo esa deuda, las mujeres eran obligadas a realizar servicios sexuales, consumir y traficar con sustancias estupefacientes en condiciones muy similares a la otra organización.