Prisión permanente para los padres de Laia, la niña de 2 años torturada hasta la muerte en Zaragoza

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a prisión permanente revisable a los padres de Laia, la niña de 2 años que murió tras sufrir innumerables golpes y torturas en su domicilio familiar en la capital aragonesa, por el asesinato de la menor, con las agravantes de alevosía y ensañamiento.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal basa su decisión en el veredicto del jurado popular encargado del caso, que consideró de forma unánime a la madre de la niña, Vanesa M.P., de 31 años, y a su padrastro, Cristian, V.L., de 36, como responsables directos de la muerte de Laia a tenor del testimonio de los testigos y del informe de los forenses.

Este informe, que el tribunal considera "determinante" en su sentencia, estableció que uno de los innumerables golpes sufridos por la niña a lo largo del tiempo le reventó el duodeno y le provoco una peritonitis infecciosa que le causo una muerte, dolorosa, prolongada y agónica.

El jurado también valoró los testimonios de los testigos que atendieron a la menor después de que sus padres llamaran al servicio de emergencias del 112, para quienes la niña podía haber fallecido un tiempo antes de la llegada de los médicos de urgencias.

En su sentencia, el tribunal descarta los argumentos exculpatorios de los procesados, que se incriminaron mutuamente de los hechos para tratar de eludir sus respectivas responsabilidades, y considera, a tenor del testimonio grabado de una hermana de la víctima, que ambos padres pegaban a la niña.

De acuerdo con las pruebas practicadas, el magistrado presidente del jurado aprecia que la niña no sólo fue obligada a ingerir guindillas como castigo, sino que le fueron administradas cocaína, cannabis, paracetamol, antidepresivos e hipnóticos durante, al menos, seis meses previos a la fecha de su fallecimiento.

Además de la condena a prisión permanente revisable, el tribunal condena a los acusados a indemnizar al padre biológico de la menor y a su abuela, así como a los dos hermanos de la niña, a un total de 280.000 euros.

La muerte de la menor se produjo la noche del 21 de marzo de 2021, después de que los servicios sanitarios de emergencia desplazados a la vivienda de los acusados en la capital aragonesa, donde convivían con otros dos hijos menores, certificaran su fallecimiento, sin poder hacer ya nada para salvar su vida