El Vaticano, frente a los abusos: una lucha desigual

La Santa Sede ha publicado por primera vez un informe en el que toma la temperatura al trabajo que la Iglesia viene realizando a nivel global para erradicar la lacra de los abusos en su seno. Y lejos de ser autocomplaciente, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el órgano creado por Francisco a modo de auditor encargado de elaborar el estudio con vocación anual, denuncia falta de transparencia y de aplicación real de las políticas y protocolos eclesiales creados.

La comisión vaticana subraya la necesidad de crear una «verdadera cultura» para proteger a los menores, un desafío que pasa, entre otras medidas, por mejorar los procedimientos canónicos de recepción y dar seguimiento a las denuncias, implicar a las víctimas en los procesos judiciales para que se sientan mejor informadas, establecer un proceso simplificado para las indemnizaciones y la necesidad de profesionalizar y formar a quienes están al frente de este ámbito para ser más eficaces. Incluso se llega a asegurar una «inquietante falta» de estructuras dedicadas a la protección de menores y personas vulnerables en algunos países, máxime teniendo en cuenta que tras la cumbre antiabusos convocada por Francisco en febrero de 2019, el Papa impuso la creación obligatoria de estructuras de atención a víctimas en todas las diócesis del planeta.

El estudio analiza en esta primera edición tanto el proceder de la Curia romana como el de las diecisiete conferencias episcopales –correspondientes a una veintena de países– que en este último año han viajado a Roma para rendir cuentas en las llamadas visitas «ad limina», además de Cáritas y dos congregaciones que han decidido participar en el informe.

Al analizar cómo está trabajando el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es el departamento vaticano de investigar y juzgar los casos que llegan de todo el planeta, el tirón de orejas de la Comisión pasa por cuestionar «los largos procesos canónicos» que traen consigo una «revictimización» de los denunciantes, además de una «desconfianza» entre los propios católicos y la ciudadanía en general.

El principal paso hacia adelante dado en este tiempo, según el informe, haber logrado concienciar a unos y otros de la gravedad del problema. Pero incluso en este punto, a la vez que se reconoce que, «mientras que algunos organismos y autoridades de la Iglesia muestran un claro compromiso con la protección», admite que «otros se encuentran sólo al principio de la asunción de responsabilidades».

De la misma manera, también se alerta de una lucha a diversas velocidades, dependiendo del país que se analice. Una de las principales lagunas que se detecta es precisamente la falta de recursos en aquellos episcopados más pobres «mientras que algunas partes de América, Europa y Oceanía se han beneficiado de importantes recursos disponibles para la protección de los menores y los adultos vulnerables, una parte significativa de Latinoamérica y el Caribe, África y Asia cuentan con escasos e inadecuados recursos», remarca el documento. Por ello, la Comisión señala «la urgencia de aumentar la solidaridad entre las conferencias episcopales, con el fin de movilizar recursos para una norma universal en materia de protección de menores y adultos vulnerables». Esta misma desigualdad se percibe en las Cáritas locales.

«¡Debemos comprometernos a invertir en la infraestructura y los recursos de recopilación de datos de la Iglesia!», reclamó Maud de Boer-Buquicchio, jurista holandesa y relatora especial de la ONU sobre la explotación sexual de niños y niñas. Coordinadora del informe, abanderó ayer su presentación durante la rueda de prensa organizada en Roma. «Nunca pensé que este día llegaría y si me lo hubieran dicho hace quince años, no me habría imaginado un resultado similar», compartió ayer Juan Carlos Cruz, un referente de las víctimas de la Iglesia. Cruz sufrió abusos por parte del sacerdote Fernando Karadima, un caso que minó la credibilidad del Episcopado chileno y que propició que el Papa Francisco impusiera la «tolerancia cero» contra esta lacra, y hoy es uno de los miembros de esta comisión. Para él, este estudio marca «un antes y un después», en tanto que vislumbra «una garantía de no reincidencia» por parte de la Iglesia, en líneas generales.

Con este punto de partida, insistió en que la Iglesia no puede dar carpetazo en relación a la justicia restaurativa de las víctimas: «No podemos avanzar si no nos hacemos cargo de todo lo que hemos dejado atrás, debemos ser transparentes cuando se trata de sacar a la luz casos aún sin resolver».

El presidente de la Comisión, el cardenal estadounidense Sean Patrick O’Malley enfatizó que la Iglesia vive una «transición en curso», reconociendo que «aún queda mucho por hacer».