Pero, ¿quién es el Estado y dónde está?

Luis XIV (1638-1715), rey de Francia, es recordado, entre otras muchas cosas, por haber dicho «El Estado soy yo». Sin embargo, no hay constancia de que llegara a pronunciar esa frase, aunque ha llegado a figurar en los textos que han estudiado, al menos en España, muchos escolares durante años. La habría dicho un 13 de abril de 1655, a los 16 años de edad, ante el Parlamento de París, pero no aparece en las actas de aquella sesión que recogen sus palabras de aquel día. El monarca francés fue, no obstante, en su larguísimo reinado, la quinta esencia del absolutismo, lo que justificaría que se le atribuyera la famosa expresión.

La tragedia de la DANA que ha asolado localidades de los alrededores de Valencia y la tardía y deficiente respuesta de las autoridades ha hecho que muchos de los afectados, que lo han perdido casi todo, preguntaran que «¿dónde está el Estado?, en busca de una respuesta que aliviara su sufrimiento. Mientras tanto, los políticos de todos los partidos, como diría el liberal Hayek (1899-1992), se tiraban los trastos a la cabeza, incluidos el desbordado presidente valenciano, Carlos Mazón, hasta el máximo responsable ejecutivo del Estado, es decir, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Todos buscaban y buscan –es así de real y de dramático– réditos políticos de la catástrofe, algo que es bastante probable que se les vuelva en contra mientras haya memoria de la tragedia.

Las casualidades existen. Mientras la furia de la naturaleza descargaba sobre Valencia, Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), uno de los pensaderos económicos más influyentes y prestigiosos del país, que dirige Ángel de la Fuente, publicaba el estudio titulado «Para qué sirve la Administración Central y por qué ella necesita su autonomía». El informe está elaborado por Miguel Ángel García Díaz, de la Universidad Rey Juan Carlos y Fedea, y en poco más de una docena de páginas explica la importancia de la Administración General del Estado (AGE) que, entre otras cosas, tenia un gasto directo presupuestado para 2024 de 248.210 millones de euros. Ahí, en esa inmensa cantidad de dinero, es donde está el Estado y también en los recursos adicionales de otros 260.000 millones que gasta la Seguridad Social si se contabilizan los 15.000 millones más o menos que cuestan los regímenes especiales del personal de las Administraciones Públicas.

García Díaz desglosa, con una claridad digna de aplauso, dónde van todos esos dineros. Es decir, explica qué hace el Estado central. No hay secretos, aunque para la inmensa mayoría de los ciudadanos todo sea muy desconocido. La AGE, por ejemplo, paga más de 31.000 millones en intereses de la deuda, es decir, los créditos que contrae de forma permanente para pagar muchas de sus necesidades, cada vez en aumento. La Seguridad Social tiene sus propios ingresos, gracias a las cuotas que pagan trabajadores y empresarios, pero como no son suficientes para sufragar las pensiones, la AGE tiene que contribuir con casi 40.000 millones al régimen general y esos más de 15.000 millones para los regímenes especiales.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen sus propios ingresos, en muchos casos cedidos con anterioridad por el propio Estado, como un porcentaje de la reacaudación por IRPF. Como tampoco tienen suficiente, la AGE les aporta otros 61.000 millones, en forma de lo que en la jerga se llama «transferencias», que no son más que entregas de dinero a cambio de nada. Por último, la AGE también gasta algo más de 50.000 millones en «otras políticas». A saber: defensa, seguridad ciudadana, justicia, cultura, agricultura, industria, administración tributaria o infraestructuras –4.500 millones en 2023–, entre otras.

Eso es el Estado y está también en esas cantidades que, eso sí, administran y deciden cómo se utilizan los responsables políticos, con el presidente a la cabeza y, a continuación, María Jesús Montero, como vicepresidenta y ministra de Hacienda. Y todo salen, claro, de los impuestos que pagan los ciudadanos y de las deudas que contrae el Estado, que debe asumir los intereses, que también van a cargo de los impuestos de los españoles.

El informe de García Díaz para Fedea surgió como «reflexiones sobre la propuesta de financiación singular de Cataluña». Concluye que su aplicación supondría un impacto, negativo y muy elevado, para la AGE, pero esa es otra historia. Ha puesto, de forma asequible para muchos, negro sobre blanco qué es y donde está el Estado. Todo se resume en unas cantidades fabulosas de gasto, administradas según sus criterios y sus intereses, por los responsables políticos de turno, a veces tentados en creerse que «El Estado soy yo», aunque nunca lo dijera Luis XIV.

Desaparecida en la DANA y pendiente de su examen ante el Parlamento Europeo

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, nominada para vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, ha permanecido desaparecida en todo lo relacionado con la tragedia de la DANA. Ribera está pendiente para su ratificación de comparecer y pasar el examen ante el Parlamento Europeo, en donde es probable que tenga que dar explicaciones como responsable directa de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La prueba evidente de cómo se eluden las sanciones económicas a Rusia

La invasión rusa de Ucrania supuso la imposición de sanciones económicas por un total de 52 países, incluidos Estados Unidos y los de la Unión Europea. Sin embargo, el comercio con Rusia sigue, aunque a través de canales diferentes. Por ejemplo las exportaciones mensuales de Alemania a Kirguistán han pasado de 5.000 a 80.000 millones de dólares y lo mismo ha ocurrido con las de países como Italia y Austria, algo que solo se explica si los productos acaban en Rusia.