Presidente argentino impulsa legalización del aborto

(AP). Con varios meses de demora por la pandemia de coronavirus en Argentina, el presidente peronista Alberto Fernández anunció el martes la presentación ante el Congreso de un proyecto de legalización del aborto al cual se había comprometido al asumir hace casi un año.

“La criminalización del aborto de nada ha servido, sólo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes”, dijo el mandatario en un discurso grabado de siete minutos para anunciar el envío de la iniciativa largamente reclamada por el movimiento de mujeres argentinas. “La legalización del aborto salva vida de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve”.

Vestido con una corbata verde, color que identifica a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, Fernández recordó que “a lo largo de toda la campaña electoral, al momento de asumir la presidencia y al dar inicio a este período parlamentario tomé un compromiso con ustedes que hoy vengo a cumplir”.

Argentina, el país natal del papa Francisco, penaliza a las mujeres y a quienes las ayuden a practicarse un aborto. Las únicas excepciones que contempla la ley son en caso de violación o riesgo para la salud de la madre.

Según cifras difundidas por el propio presidente, cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados. Desde 1983, en tanto, han muerto más de 3.000 mujeres por la misma causa.

El presidente argentino mencionó como ejemplos a seguir los casos de la Ciudad de México y Uruguay, dos de los pocos lugares de la región en los que el aborto está permitido, en los cuales “disminuyeron los abortos y las muertes que causan”. El estado mexicano de Oaxaca, Cuba y Puerto Rico, las Antillas y Guayana Francesa también está autorizado.

“El mundo mira a la Argentina”, manifestó Amnistía Internacional Argentina en Twitter tras el anuncio. “Disputados y Senadores: los derechos de las mujeres y niñas ya no puede ser postergados. El aborto legal es una cuestión de salud pública y derechos humanos”.

Con mayoría de su población practica la fe católica, en Argentina la despenalización tuvo su mayor avance en 2018 cuando obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, pero no prosperó en el Senado. Fue la última de las ocho iniciativas presentadas en las últimas décadas por el colectivo feminista para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Fernández, un abogado penalista que asumió la presidencia el 10 de diciembre, está a favor de la legalización del aborto y prometió en campaña enviar un proyecto de ley, pero el coronavirus forzó al Congreso a sesionar virtualmente para tratar proyectos vinculados a la pandemia.

En las últimas semanas, no obstante, se redobló la presión de organizaciones de mujeres y de líderes feministas que integran la coalición gobernante para avanzar con la iniciativa, en momentos en que la popularidad del mandatario se vio afectada por la crisis económica y el manejo sanitario de la pandemia.

Algunos analistas y dirigentes políticos advirtieron que este no es el momento para dar un debate que podría profundizar la división en una sociedad de por sí muy polarizada. En el oficialismo y la oposición conviven distintas posturas sobre el aborto, que agregan más incertidumbre al resultado del debate parlamentario.

“Creemos necesario seguir buscando propuestas superadoras para dejar atrás el falso dilema de la vida de la madre o la del hijo o hija ya que, legislando el aborto, claramente se opta por el más fuerte, dejando al niño o niña por nacer desprotegido de todo derecho. Es tiempo de cuidar la vida, sin falsas retóricas ni análisis electoralistas”, expresó Acción Católica Argentina en un comunicado.

En 2018, el entonces presidente conservador Mauricio Macri habilitó la discusión de un proyecto de despenalización en un contexto de multitudinarias movilizaciones de mujeres que obligaron a la dirigencia política a incluir sus demandas en la agenda pública.

El debate parlamentario duró semanas, llevando al extremo la presión que ejercieron sobre los legisladores el movimiento feminista y grupos religiosos, en especial católicos y evangelistas. Si bien Macri se había manifestado en contra del aborto, la discusión terminó por agrietar a su propio espacio político.

Tomando en cuenta la experiencia de su antecesor, Fernández diseñó una jugada política con la cual busca compensar a la Iglesia Católica y los antiaborto: junto al proyecto de despenalización envió otro para reglamentar el Programa de los 1.000 días, un subsidio que beneficiará a embarazadas y madres de niños de hasta tres años.

“Propongo que hagamos un debate franco, que se desarrolle en el marco del diálogo democrático. Les pido como presidente de todos los argentinos y argentinas que cuidemos el respeto hacia quien piensa de una manera distinta a la propia, las diferencias nos hacen una sociedad plural y enriquecen las democracias que tanto esfuerzo nos costó consolidar”, afirmó Fernández. “Estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda....que sea ley”.