Guatemala: Continúa disputa por la operación de mina

(AP). La disputa por la operación de una mina del norte de Guatemala que enfrenta inconformidad de los habitantes y es protegida por el gobierno con la declaración de un estado de sitio parece no terminar.

Grupos indígenas de otros lugares del país denunciaron el lunes ante el Ministerio Público al presidente Alejandro Giammattei por proteger la mina ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, y exigieron que se les consulte sobre la actividad minera en sus territorios. Martín Toc, líder de los 48 Cantones, una organización que representa a la comunidad indígena de Totonicapán, encabezó una marcha de autoridades locales para presentar la denuncia.

La vida normal en El Estor, un pueblo indígena q’eqchi’ ubicado frente al Lago de Izabal, se vio impactada por el despliegue de policías y militares que vigilan, preguntan, controlan a la población y allanan casas en conjunto con el Ministerio Público tras la imposición del estado de sitio el domingo.

El pleno del Congreso ratificó el estado de sitio el lunes en la tarde con 85 votos a favor de un total de 160 diputados.

El enojo de los pobladores se disparó luego de que el Ministerio de Energía y Minas estableció mesas de discusión con la población, tal como había ordenado la Corte de Constitucionalidad, para saber si los pobladores aceptan proyectos extractivos en sus comunidades, pero excluyó a un grupo de pescadores e indígenas q’eqchi.

Astrid Franco, delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos y quien ha estado presente en las discusiones, dijo que se abrió un expediente con la denuncia de los pobladores e indígenas que fueron excluidos de la discusión.

“Ayer el gobierno les estaba ofreciendo un diálogo separado a los comunitarios en resistencia. Lo que ellos quieren es participar de la consulta, de cómo y cuándo se va a hacer la consulta”, dijo Franco.

Antes de que se declarara el estado de sitio los pobladores mantuvieron protestas durante varios días contra la Minera Fénix, bloqueando carreteras para impedir el paso de camiones a la mina, a la que acusan de seguir operando a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ordenó que suspendiera su actividad.

En Minera Fénix se extraen minerales como el níquel, que es exportado a más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Rusia y China. La mina es operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Investment Group, de capitales rusos y suizos.

La población se replegó y muy pocos se atreven a hablar, pues temen que se les vincule con las protestas. Los habitantes intentan continuar con su rutina diaria mientras vehículos policiales recorren las calles. Personal militar con megáfono en mano llama a la población a resguardarse por el toque de queda.

“Se les informa que a partir de hoy a las 6 de la tarde hay toque de queda, permanezcan en sus hogares; les rogamos comprensión”, dice una mujer militar que recorre las calles a pie.

Cristobal Pop, uno de los líderes de la población, habló con periodistas por teléfono pero se negó a ser entrevistado en persona, aduciendo que es perseguido y pueden arrestarlo. Pop dijo que la situación es lamentable, que El Estor está bajo represión del gobierno y que se les ha negado participar en una consulta comunitaria.

La diputada opositora e indígena Vicenta Jerónima, que votó en contra de la ratificación del estado de sitio, declaró: “No seamos cómplices de empresas saqueadoras que persiguen, criminalizan, asesinan y encarcelan a defensores de los derechos humanos, defensores de la Madre Tierra desde nuestros territorios”.

En un boletín de prensa, Solway Investment Group dijo que la legislación de Guatemala permite sus operaciones y que “todas las actividades de consulta pública solicitadas por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en relación con la suspensión de la licencia Fénix son competencia del Ministerio de Energía y Minas (MEM)”. Agregó que el proceso de consulta a la población sobre la minera se está cumpliendo cabalmente.

Por su parte, el gobierno dijo que “otras actividades, como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona que funcionan desde hace varias décadas, no están relacionados con la resolución referida (de la Corte de Constitucionalidad), por lo que, actualmente, su operación está vigente y se considera apegada a la ley”.

La fiscalía reportó el domingo las primeras dos capturas en el marco del estado de sitio, presuntamente por drogas y tenencia de armas.

Dicha medida incluye un toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana y la restricción de los derechos constitucionales de locomoción, manifestación y reunión. Las autoridades también tienen la facultad de detener e interrogar a personas sin orden de un juez y sin restricciones para allanamientos.

En imágenes publicadas en redes sociales se puede observar tanto a policías como a pobladores lanzándose piedras durante enfrentamientos.

El sábado la policía desalojó a manifestantes y custodió a decenas de camiones que iban y venían de la mina.

La mina sostiene que genera progreso en una zona donde la pobreza es palpable, los caminos son de tierra en su mayor parte, las casas de madera y la población cocina con leña o gas.

Emilio Jalal Tzoc, un pescador y extrabajador de la mina de 67 años de edad, dijo que “la compañía no nos afecta a nosotros, ayuda a la gente”, y agregó que el dinero de los trabajadores circula en el mismo pueblo. “No son de aquí los que andan atrás de eso (las protestas)”, sostuvo.

Pero Daniel Mac, un campesino de 22 años, aseguró que la mina ha contaminado la zona.

“Los techos están oxidados, el polvo que sueltan corroe y los peces se mueren en el lago”, manifestó.

Según el Banco Mundial, durante 2020 la pobreza en Guatemala aumentó del 45,6% al 47%. El organismo también indicó que el país tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la más alta en Latinoamérica y el Caribe, con poblaciones indígenas y rurales desproporcionadamente afectadas. La desnutrición crónica infantil afecta al 47% de todos los menores de cinco años, al 58% de los niños indígenas y al 66% de los niños de familias de ingresos más bajos.