Un juzgado investigará el vertedero «sin control» ambiental «alguno» de Guillena

La raíz ya estaba y la planta crecerá. El juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha abierto diligencias para investigar el «macrovertedero» que crece en una finca del término municipal de Guillena, después de que la Fiscalía presentara una querella por un presunto delito contra el medio ambiente y otro de desobediencia, como ya informó LA RAZÓN hace unos días. La masa de residuos «sin control medioambiental alguno» podría estar incluida en los márgenes del «plan especial de protección del medio físico en el catálogo de la provincia» sevillana y la empresa a la que se vincula, Á. B. S A, acumula siete actuaciones contrarias de diversas administraciones desde 2013, entre ellas una orden de paralización de los trabajos de explotación incumplida reiteredamente; y multas por valor de 170.000 euros.

Tras la decisión del órgano judicial se sucederán los procesos habituales cuando se arranca una nueva causa y como parte de ellos, la Federación de Ecologistas en Acción de Sevilla ha presentado ya un escrito para personarse en el proceso como parte acusadora «en ejercicio de la acción popular contra todas las personas que puedan ser imputadas por los hechos que han motivado la instrucción».

En su texto de ocho páginas, al que ha tenido acceso este periódico, los conservacionistas trasladan al juzgado que su organización forma parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente, un órgano colegiado de la órbita del Gobierno central, y defiende que está legitimada para ejercer la acción popular en asuntos de esa naturaleza sin necesidad de interponer querella. Así lo han reconocido «sobradamente» los juzgados sevillanos, «tanto en vía contencioso-administrativa como penal» y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Se puede comprobar también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS). De hecho, en su escrito reproducen párrafos de algunas sentencias que avalan sus afirmaciones. En ellas se asevera que Ecologistas en Acción es «una organización con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro que tiene como su objetivo primordial la protección de medio ambiente», con años de actividad continuada y cuya campo de actuación «se extiende a todo el territorio nacional».

En el caso del vertedero de Guillena, dicha entidad es la que ha encadenado denuncia tras denuncia ante distintas administraciones en los últimos años al estar convencidos sus miembros de que el tipo de residuos que se acumulan en el «macrovertedero», los millones de kilos que se pueden ver, y los que no se pueden observar al estar enterrados en la cantera existente en la zona, «hacen pensar que pudiera existir un tráfico de todo tipo» de elementos contaminantes.

Los ecologistas optaron por saber y ahora han logrado que un juzgado investigue como condición indispensable para conocer el alcance de las consecuencias que ha podido tener ese «punto negro» ambiental y que se depuren responsabilidades. De momento, el Ministerio Público le ha trasladado un resumen de lo actuado por parte del Ayuntamiento de Guillena y de varios departamentos de gobiernos andaluces. Le ha transmitido además que en un informe técnico emitido desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se avisa de que la actividad del «macrovertedero» es «susceptible de provocar la contaminación del dominio público hidráulico, dado que los parámetros analizados en el punto de máxima contaminación superan los valores de referencia» a partir de los cuales, «pueden producirse daños a la calidad de las aguas». Un riesgo que gravita sobre las superficiales, por la proximidad del cauce del río Rivera de Huelva a las instalaciones en las que opera Á. B. S A; y sobre las subterráneas, por la alta permeabilidad del terreno. En relación a esto, cabe señalarse que en un documento fechado en marzo de 2019 con el que la Comisaría de Aguas de la CHG dio por zanjado un expediente que le abrió a esa sociedad, se considera «acreditada la realización» de una serie de hechos como la «ocupación del cauce» del mencionado río «mediante el depósito de todo tipo de residuos sin clasificación en una superficie de dos hectáreas». A ello se engarza «el vertido de aguas residuales procedentes de lixiviados» de lo amontonado «careciendo de la preceptiva autorización» y «resultando», a la luz de los datos de analíticas que se llevaron a cabo entonces, «contaminantes con capacidad de afección a la calidad de las aguas». Los ecologistas exigen que «se repongan los daños ocasionados al medio ambiente», que «se restaure el suelo» y se ponga fin de forma «inmediata» a los desmanes descritos para lo que abogan por que «se clausure el vertedero», se limpie la zona de una vez y «se adopten las medidas oportunas» necesarias para evitar que brote de nuevo.

Fugas de hidrocarburos en Coria

En otro punto del mapa de la provincia sevillana, Coria del Río, Ecologistas en Acción va a «promover acciones judiciales» para tratar de esclarecer «los impactos derivados» de «fugas de hidrocarburos» sobre el medio ambiente y para «identificar» a los responsables. Según aseguró ayer la entidad en una nota, el Seprona y servicios técnicos de la Junta ya han determinado el origen de la contaminación: «Los depósitos de una estación de servicio».