El PSOE saca la artillería: 50 senadores además del Gobierno recurrirán el decreto andaluz de simplificación

El Gobierno ya tiene luz verde tras el dictamen del Consejo de Estado y la aprobación ayer en la comisión de subsecretarios para presentar el recurso de inconstitucional contra el decreto ley de la Junta que modifica 21 leyes y seis decretos bajo la premisa de simplificar trámites y burocracia. El Consejo de Estado apunta principalmente a dos artículos de la normativa relativos al sector audiovisual. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista Manuel Jiménez Barrios ofreció una rueda de prensa telemática prevista sobre la situación de la comunidad con motivo de la epidemia de coronavirus pero centrada en el, para el PSOE, “mal llamado decreto de simplificación”.

Jiménez Barrios anunció que “50 senadores van a interponer en nombre del PSOE un recurso ante el Tribunal Constitucional, cuando queden habilitados los plazos administrativos tras dl estado de alarma”. “Hemos apoyado todas las medidas del Gobierno de Andalucía por el Covid-19. Y así vamos a seguir. Eso no justifica que usando la excusa de la crisis sanitaria se aprueben leyes que nada tienen que ver con ésta”, denunció Jiménez Barrios.

El decreto ley de la Junta se aprobó el 2 de abril. La Junta justificó su urgencia en que las medidas favorecerán la recuperación. El Gobierno de la Nación entiende que invade sus competencias en el sector audiovisual y en el patrimonio histórico. En el Parlamento andaluz, PSOE y Adelante Andalucía ya anunciaron impugnaciones al aprobarse la norma en la Diputación Permanente y no en Pleno.

Jiménez Barrios argumentó el recurso de los senadores socialistas en “dos motivos claros de inconstitucionalidad”. El primero, “no se ajusta a circunstancias de urgente necesidad”, lo que, consideran, es “sustancial”. La segunda causa es “formal al aprobarse en la Diputación Permanente" del Parlamento. Los socialistas consideran que este órgano se encuentra “en clara ilegalidad” ya que “se restringe a periodos vacacionales y cambio de Gobierno”. Por tanto, “no se sostiene”. “No hay encaje jurídico. La irregular habilitación de la Diputación Permanente y su abuso lo colocan en situación de radical nulidad”, señaló Jiménez Barrios.

Los socialistas calificaron el decreto ley como “una chapuza jurídica” con seis consejeros presentando a la vez la norma que, señaló, está ya en vigor. Tras el ofrecimiento del presidente Juanma Moreno para llegar a puntos de encuentros con el Gobierno, dada la urgencia de la situación y la importancia de la norma para la reactivación económica, y así evitar el recurso, el PSOE-A considera que “lo primero es retirar el decreto”. Este punto “es necesario para hablar”.

Los socialistas insistieron en que están a favor de “acortar plazos” pero criticaron que “el decreto modifica de golpe 21 leyes y seis decretos sin participación, sin los agentes sociales", lo que calificaron como “un atropello al sentido común”. “No tiene lógica que una contrarreforma de este calado no permita la participación a los sectores y a los representantes ciudadanos”, denunció Jiménez Barrios. El PSOE-A habló de “una grave inseguridad jurídica” que “afectatará al tráfico legal de pequeñas empresas y autónomos y a la ciudadanía en general”.

Para los socialistas es “un escándalo por el modo y el contenido” y recordaron que “más de 80 organizaciones han ido al defensor y 27 le dirigieron carta al presidente”. “El Gobierno ha elevado al Consejo de Estado” el recurso como paso previo al recurso, recordó Jiménez Barrios. “La organización de radios comerciales ha solicitado frenar el abuso”, citó también.

“Han intentado justificar la pandemia y su urgencia”, señaló Jiménez Barrios, con “el un decreto con seis meses de antelación". “No tiene nada que ver con el virus”, señaló, apuntando su gestación “en secreto, sin participación, sin dar la voz a representantes del Parlamento”. “Han puenteado al Parlamento. Se ha quitado de en medio al propio Parlamento", relató. El PSOE-A exigió a Moreno “una norma para lo que va a venir tras la pandemia”. Entre los puntos conflictivos, el PSOE-A citó l posibilidad de meter “publicidad institucional en radios piratas de Andalucía”; la anulación de la declaración de interés estratégico turístico para la construcción de golf; que las obras de patrimonio histórico o artístico se puedan realizar sin la comisión de patrimonio para velar; que se pueda verter agua residual al dominio público marítimo terrestre sin justificación; la apertura de grandes superficies apertura sin tener en cuenta al comercio minorista; el reglamento de suelos contaminados, permitiendo que sigan en el mismo lugar, como los fosfoyesos de Huelva; la eliminación de las cautelas en el uso del agua, afectando al entorno de Doñana; o los cambios en el Consejo Audivisual.

“Es una clara ilegalidad la utilización de este decreto para muchos cambios”, explicó Jiménez Barrios. Se trata de 27 normas “que se cambiaron fruto de amplios consensos. Con una normativa rigurosa. Esas normas contaron con el voto a favor del PP”, recordó. “Apoyamos una simplificación administrativa. Pero no desregular”, resumió el diputado socialista, contrario a “medidas que pueden permitir desarrollos pasando por encima de la sostenibilidad y el medio ambiente”. “¿Dónde quedó la revolución verde del presidente?”, cuestionó. “Su obsesión es hacer tabla rasa de lo que llaman la herencia recibida”, dijo.

El PSOE-A también censuró que el presidente de la Junta vaya a ser el último de las comunidades “en dar explicaciones" y “después de más de 50 días huyendo”. “Va a acudir pero no en un Pleno sino en la Diputación Permanente, órgano que nos suscita serias dudas jurídicas”, indicó. Jiménez Barrios criticó además el formato elegido, sin límite de tiempo para el presidente y tiempo acotado para la oposición. “Prefiere la seguridad de recorrer las televisiones incluso nacionales o los telepronter”, censuró Jiménez Barrios.

En lo que a la petición de desconfinamiento progresivo y por zonas solicitado por Moreno, el PSOE-A pidió “mucha seriedad, claridad y lealtad” y seguir a los expertos. Jiménez Barrios censuró las posturas encontradas de presidente y vicepresidente en los últimos días en este aspecto. “El PSOE está para arrimar el hombro", recordó.

La modificación en el ámbito audiovisual permitiría que empresas privadas puedan gestionar emisoras de televisión y radio municipales, y también daría paso a que pudiera haber publicidad institucional en emisoras piratas. En cuanto al patrimonio histórico, se cambiaban los procedimientos para autorizar actuaciones en el entorno de bienes de interés cultural. La Junta andaluza justificó las modificaciones por el deseo de eliminar trabas administrativas.