La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia sobre las “caceroladas” contra el Gobierno

La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de un grupo de juristas contra las ‘caceroladas’ que se organizaron para pedir la dimisión del Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus, al considerar que peca de “vaguedad” y que no hay indicios de delito en la conducta de los manifestantes.

La denuncia fue presentada por la Asociación Andaluza de Juristas 17 de marzo, que aseguró que eran “manifestaciones ilegales” que “ponen en peligro la salud y la vida de las personas” y pidió que se investigase la posible comisión de un delito de manifestación ilícita, castigado con penas de hasta tres años de cárcel para los organizadores y dos para los participantes.

También reclamó a la Fiscalía que investigase la “connivencia” de policías nacionales que “permiten con normalidad” estos actos y “en ocasiones muestran su apoyo (...) mediante sonidos de sus vehículos y gestos ostensibles”, lo que en su opinión implica que pueden incurrir en prevaricación grave “en concurrencia con otros” delitos contra la seguridad y la salud públicas, en este caso como coautores.

En el decreto de archivo, la Fiscalía explica que la denuncia “adolece de una excesiva vaguedad, no se dirige contra persona o personas determinadas, incluye hechos o acontecimientos que todavía no se han producido” el día en que se presentó el escrito y “no aporta la identidad de testigos que hubiesen podido presenciar los acontecimientos”.

El representante del Ministerio Público critica que "nada se indica" en la denuncia respecto a "la finalidad de cometer algún delito que pudieran haber tenido las concentraciones ni acerca de si los participantes portaban algún tipo de arma, explosivos u objeto contundente".

Tampoco aclara si los concentrados se dedicaron a “la intimidación a personas próximas” o a poner en riesgo “bienes públicos o privados”.

En cuanto al posible delito contra la salud pública por el peligro de contagio o propagación del coronavirus, el decreto de archivo recuerda que las protestas se produjeron durante la fase uno de la desescalada, en la que "no sólo están permitidos los paseos y la práctica del deporte, sino incluso degustar alguna consumición en terrazas de establecimientos de hostelería sin limitación horaria".

El fiscal admite que existía "la obligación de comunicar la celebración de estos eventos a la autoridad gubernativa", pero también destaca que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana considera "infracción leve" la celebración de reuniones en lugares públicos que incumplan esa normativa.

Respecto a la posible prevaricación de los policías que vigilaron las concentraciones, el Ministerio Público asegura que esa parte de la denuncia tiene "mayor inconcreción si cabe, sobre todo cuando afirma" que los agentes "demostraron públicamente su apoyo" a los manifestantes, ya que "no existe ni el más mínimo indicio ni tan siquiera sospecha" de ese comportamiento.

Los denunciantes tampoco "indican exactamente cuál sería la resolución o resoluciones injustas" que atribuyen a los agentes, según el fiscal Luis Martín, quien añade que si los manifestantes incumplieron las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno, como la distancia de dos metros o el uso de mascarillas, "tales conductas sí podrían haber sido merecedoras de sanción".

El Ministerio Público tampoco acepta la denuncia por pasividad de los agentes “precisamente porque no puede atribuirse una conducta delictiva ni a los promotores ni a los participantes en las concentraciones”.